El Constitucional anula la indemnización del almacén de gas Castor por las prisas del Gobierno

Vista general de las instalaciones del proyecto Castor frente a las costas de Vinarós (Castellón). :: efe/
Vista general de las instalaciones del proyecto Castor frente a las costas de Vinarós (Castellón). :: efe

Le reprocha que no explicara la «urgencia» en abonar los 1.350 millones ni su cargo al sistema gasista, aunque sí valida la hibernación del proyecto

J. A. BRAVO MADRID.

El Gobierno pecó de una rapidez inusitada al abonar la polémica indemnización por el fallido proyecto energético Castor, un almacén submarino de gas natural ubicado a unos 22 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón). Fue en octubre de 2014 y ahora, algo más de tres años después, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado aquella decisión justo porque el Ministerio de Energía abusó de las prisas.

Básicamente, lo que ha resuelto el órgano máximo intérprete de la Carta Magna es que el Ejecutivo no acreditó «la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad» que justificara que optara por la vía del decreto ley para resolver este asunto, mucho más ágil pero al mismo tiempo más restrictiva de cara al debate parlamentario. El TC admite, eso sí, que «apreciar si concurren» tales circunstancias especiales «constituye un juicio político» que corresponde al Gobierno y al Congreso, pero advierte de que es precisamente él quien debe «controlar» que «no desborde los límites de lo manifiestamente razonable».

No obstante, los magistrados no entran a valorar si los 1.350,73 millones de euros abonados al consorcio Escal UGS, donde la compañía ACS era socio mayoritario, se corresponden o no realmente con la inversión realizada -el entonces ministro José Manuel Soria insistió ante el Parlamento en que era el «valor (neto) auditado»-. Tampoco discuten otros 110,7 millones de la retribución provisional ya anticipada.

Pero sí reprochan al Gobierno su prontitud excesiva en el pago, que se ordenó hacer de una sola vez y «en el plazo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor» del controvertido decreto. «Ni en el preámbulo del mismo ni en su debate de convalidación se ofrece explicación alguna de este término perentorio», se quejan los miembros del Constitucional. «En particular -continúa su crítica-, no se explica qué función cumpla ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia», esto es, el Ministerio de Energía no fundamenta qué tiene que ver «la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalación (Castor)» con abonar esa suma multimillonaria en poco más de un mes y ni siquiera fraccionarla.

Tampoco ve justificado que se abusara de la vía del decreto -en vez de recurrir a una ley, de tramitación más sosegada y que da pie a cambios en el Parlamento- para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista». Se refiere el tribunal a que a cambio de hacerse cargo de la citada compensación económica, Enagas -el operador de la red nacional- obtuvo el «derecho de cobro del sistema gasista durante 30 años a partir de 2016». El Ejecutivo solo habló entonces de la conveniencia de esa solución «integral» ante un «eventual ahorro económico», pues así se evitaba que esa operación de crédito computara en términos de contabilidad nacional. Pero, ahora, los magistrados sostienen que no son «auténticas razones de urgencia».

El Gobierno defiende el pago

Aún con todo ello, el ministerio dirigido en esta legislatura por Álvaro Nadal considera que el TC «no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación». En una nota emitida ayer, sostiene que la justicia «no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento», aunque añade que «adoptará las medidas oportunas cuando estudie en profundidad» la sentencia y sus efectos. Quienes sí se han felicitado ya por el fallo son algunas asociaciones empresariales. Por ejemplo, la patronal catalana Cecot criticó que no era «de recibo» que el coste del fallido proyecto Castor «lo tuvieran que asumir los consumidores» -por la cesión de derechos del sistema gasista y su efecto en la factura-, al ser «resultado de la mala gestión del Estado».

Lo que sí respalda el Constitucional es la decisión del Ejecutivo sobre qué hacer con el almacén submarino de gas, al optar por la hibernación frente a la suspensión general de actividades. Aunque no existía regulación sobre la primera, ve apropiada su resolución «ante la imposibilidad de decidir en ese momento sobre el futuro de la instalación» por temas de seguridad. Y aquí sí ve «justificado» usar «una legislación de urgencia» (decreto) por los plazos requeridos ante una situación imprevista.

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