El Congreso rechaza ir más allá en los límites a Uber y Cabify frente al taxi

Respalda el decreto que da rango de ley a la ratio de licencias 1/30, pero el Gobierno reconoce que en la práctica ha quedado desfasada hace tiempo

J. A. BRAVO MADRID.

Los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, no quieren abrir por ahora en el Parlamento el melón de una reforma más amplia en las controvertidas relaciones entre el taxi y grandes plataformas digitales como Uber y Cabify que auspician el alquiler de vehículos con conductor (VTC). Sobre todo, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo -que debe resolver en breve los recursos contra parte de esa regulación- dé argumentos legales a una de las dos partes para pedir que se cambien las principales reglas del juego, dando pie a un nuevo conflicto ante el Tribunal Constitucional. Por eso, y junto al apoyo de otras formaciones minoritarias como PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias, rechazaron ayer tramitar como proyecto de ley el decreto aprobado el pasado 20 de abril por el Consejo de Ministros que eleva a rango legal una parte del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre de noviembre de 2015. En concreto, aquella que limita la expansión de las multinacionales citadas en España, además de otros empresarios y fondos de inversión que han venido entrando en el negocio.

En la práctica, esto supone que no se podrán introducir cambios en el texto elaborado por el Ministerio de Fomento, tachado de «parche» por los dos partidos que aspiran a suceder al PP en el Gobierno, PSOE y Ciudadanos, además de varias asociaciones de taxistas. Estas últimas habían pedido de forma expresa que se aprovechara la ocasión para una reforma más amplia, que resolviera «de una vez» la problemática entre el sector y los operadores de VTC. En esa línea, el diputado de Ciudadanos Antonio Roldán criticó al Ejecutivo por mostrarse «incapaz de enfrentarse con un sector en transformación» y que esté «jugando a la ruleta rusa con el taxi». Por su parte, el socialista César Ramos vio necesario impulsar una regulación «que permita mejores salarios y condiciones laborales». En este sentido, instó al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a convocar «a partir de la próxima semana» la Conferencia Nacional de Transportes.

Esta es precisamente una de las pocas novedades del decreto, que también ayer recibió el apoyo casi unánime del Congreso: solo votó en contra Eh-Bildu, mientras que Ciudadanos y Foro Asturias se abstuvieron. En dicha reunión estarán presentes representantes del sector, además de todas las administraciones implicadas (incluidas autonómicas y locales), con la idea de «revisar» sus normativas a fin de «mejorar la competitividad y coordinación», explicó el ministro.

De la Serna, en su intervención ante el Pleno, criticó las actuaciones regulatorias «unilaterales» que en ese ámbito están desarrollando algunas comunidades y ayuntamientos. «Sinceramente -dijo-, creemos que no sólo entrañan una amenaza a la unidad de mercado sino que pueden poner en cuestión la eficacia» de las competencias del Estado. Por ello, según fuentes gubernamentales, no se descarta terminar presentando algún recurso ante el Constitucional si no se alcanza un acuerdo.

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