Confirman el juicio a la excúpula de Bankia porque sabían demasiado

Gerardo Díaz Ferrán (izq.) y Rodrigo Rato (dcha.), en el juicio de las tarjetas 'black'. :: efe
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Gerardo Díaz Ferrán (izq.) y Rodrigo Rato (dcha.), en el juicio de las tarjetas 'black'. :: efe

La Audiencia Nacional estima que Rato y sus consejeros disponían de información que «podían y debían haber utilizado» de la falsedad contable

J. A. BRAVO MADRID.

Sabían demasiado. Esa frase, escuchada cientos de veces en películas de 'gangsters', es también la principal conclusión que se extrae de la larga veintena de resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde principios de septiembre para respaldar que por la polémica salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 se sienten en el banquillo de los acusados hasta 35 personas, tres de ellas jurídicas -el propio banco, su matriz BFA y la auditora Deloitte- y el resto físicas, con Rodrigo Rato a la cabeza.

Se enfrentan a penas de prisión que suman 363 años por sendos delitos de falsedad de las cuentas anuales de ambas entidades financieras en 2010 y 2011, así como de fraude a los inversores por ocultarles información contable relevante relativa al estreno en el mercado de Bankia. La pena más alta que se solicita es precisamente para quien fuera su presidente, antes ministro de Economía, el citado Rato, para el que se pide hasta 12 años de cárcel, al igual que para su entonces 'mano derecha', José Manuel Fernández Norniella. Según coinciden la Fiscalía Anticorrupción y buena parte de las acusaciones, «sin su engaño no se habría invertido un solo euro» en la controvertida salida a Bolsa.

Claro que ese aparente amaño, al menos a ojos de todos los jueces, habría sido compartido en mayor o menor medida por sus compañeros en los órganos de administración de Bankia y BFA. Así lo estima la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, presidida por la magistrada Ángeles Barreiro, que ha ido rechazando todos los recursos de apelación presentados por sus defensas contra el auto de cierre de la instrucción dictado por el juez Fernando Andreu en mayo pasado, prácticamente cinco años después de que comenzara la investigación en vía penal de este caso a raíz del rescate multimillonario del banco, que terminó costando 22.424 millones de euros a las arcas públicas.

Precisamente aquella resolución es especialmente destacada por la instancia superior de Andreu, pues estima que hizo «un encomiable resumen de la totalidad de los hechos con trascendencia penal en los que sustenta la imputación», llegando a «pormenorizar uno por uno» los referidos a cada acusado. Ello resulta «suficiente para continuar con el procedimiento y rechazar el sobreseimiento», sin obviar la validez del informe de los peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, de quienes señala que realizaron un trabajo «contextualizado y no al margen de la realidad económica y legislativa del momento», que era justo uno de los reproches que hacen bastantes abogados defensores.

Al igual que el juez instructor, también los magistrados de la Sala de lo Penal dan por buenas sus conclusiones, esto es, que el folleto de emisión para la salida bursátil de Bankia «contenía información falsa», al igual que sus balances anuales y los de su matriz. En concreto, «no cumplían con la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de su situación económica y financiera». Pese a ello, toda esa «información económica y financiera» fue aprobada en distintas reuniones por sus consejos de administración, y de ahí se deriva la responsabilidad penal que ahora se atribuye a quienes tomaron parte en aquellas.

Por eso, ante las alegaciones de muchos exconsejeros respecto a que no tenían cargo ejecutivo ni una responsabilidad especial, los magistrados les replican uno por uno que «no puede afirmarse que el apelante no dispusiera de datos que le permitieran representarse la posible existencia de presuntas falsedades». La reformulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del grupo BFA referidas a 2011, continúan su explicación, «estuvo motivada por fallos e inexactitudes» al recurrir a «información disponible que podían y debían haber utilizado y de la que podían disponer» todos los acusados.

No cabe, por tanto, esgrimir -como han hecho muchos- que la culpa fue de «un empeoramiento súbito e imprevisto de la situación económica». De hecho, abundan en su fundamento que, como consejeros de Bankia o de su matriz, tenían «una obligación de veracidad informativa», de manera que «les era exigible adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias para asegurarse de que los estados financieros que estaban adoptando verdaderamente reflejaban la imagen fiel de la entidad».

Otros consejeros esgrimieron incluso su «confianza en la bondad de cuanto se aprobaba en los consejos de administración» para justificar que nunca hubo dolo por su parte, esto es, no tuvieron animo de cometer un delito y lo desconocían. Pero la Sala les replica que ese argumento es «escasamente entendible» dado que muchos fueron antes miembros, incluso «relevantes», del consejo de Caja Madrid y, por tanto, conocían la mecánica.

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