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ADOLFO LORENTE
BRUSELAS.
Sábado, 3 de febrero 2018, 00:48
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En la madrugada del 7 de junio de 2017, cuando debían esclarecerse gran parte de las dudas que todavía se ciernen sobre la traumática liquidación de Banco Popular y su posterior traspaso al Santander por un solo euro, concluyó con pocas luces y muchos tachones que ocultan información clave para conocer qué pasó aquellos días. Y es que el Banco Central Europeo (BCE) sigue sin soltar prenda sobre la liquidez de emergencia solicitada, las garantías aportadas por la entidad o la fuga de depósitos.
Sin embargo, la sensación es que el contenido de los seis documentos publicados ayer por la Junta Única de Resolución (JUR) suponen un aliciente para la tropa de abogados que defienden -ante la justicia española y la europea, en vía civil, contencioso-administrativa e incluso penal- los intereses de los accionistas y bonistas subordinados que lo perdieron todo. Y es que el argumento de que, en los tres escenarios analizados, el banco arrojaba un agujero financiero descomunal -11.800 millones de euros en el más favorable, 14.700 millones en el intermedio y 20.600 en el más severo- parece quedar en parte en entredicho.
Sorprende como apenas 48 horas antes del tsunami en torno al Popular, 5 de junio, la llamada Junta Única de Resolución (JUR) -la agencia creada por la UE para resolver si es necesario un rescate bancario o una liquidación- considerase en su informe 'ad hoc' que «la valoración provisional no indica que el banco sea insolvente». «La liquidez y las condiciones de financiación del GBP (Grupo Banco Popular) está activando la valoración de insolvente o con probabilidad de ser insolvente, tal y como se señala claramente en la notificación del Mecanismo Único de Supervisión», apostilla el texto.
No parece entonces que fuera un problema de insolvencia, sino de liquidez, como distintas voces defendieron desde un primer momento. Pero, entonces, ¿por qué no actuó el BCE? Las respuestas están tachadas en un negro impenetrable, a petición de la entidad liderada por Mario Draghi. La propia presidenta del Santander, Ana Botín, dijo el miércoles que prefería que hubiese una «transparencia matizasa», aunque en su caso más «por las alianzas».
Todas las miradas llevaban meses puestas en el informe que la JUR se negaba a publicar, que tiene fecha del 6 de junio y fue encargado contrarreloj a la consultora Deloitte para analizar el estado de las cuentas del banco, a fin de impulsar un proceso exprés de liquidación y venta. Más allá de los números recogidos en sus 22 folios, quizá lo más llamativo es cómo en el escrito introductorio sus autores se cubren las espaldas, advirtiendo de que las condiciones en las que han trabajado no han sido las mejores.
Deloitte se cubre
Entre otras cosas, confiesan que «se nos ha pedido redactar este informe en un periodo extremadamente corto. El trabajo principal se ha limitado a doce días desde que tuvimos acceso a la información relevante, cuando normalmente esperaríamos que un proyecto de esta naturaleza lleve al menos seis semanas (como al principio se acordó con la JUR el 23 de mayo)». Pero no sólo lamentan el 'timing', también el contenido: «No hemos tenido acceso a cierta información crítica. Hemos tenido una oportunidad limitada para discutir nuestras conclusiones con la dirección, los auditores o los supervisores. (Por eso, advierten) Esta valoración tiene un elevado nivel de incertidumbre».
Al final, se fijó entre los -8.000 millones del escenario más pesimista y los +1.300 millones en el más optimista. En el escenario base, el valor del banco se situaría en -2.000 millones. Y la referencia final aplicada por la JUR fue justo ésta. De ahí que la propuesta de un euro hecha por el Santander fue incluso una buena noticia, considerando esa perspectiva negativa. Incluso algunos creen que si hubiera pedido 100, 200 ó 1.000 millones por quedarse con el Popular, habría tenido motivos.
millones de euros es el agujero financiero que Deloitte estimaba para el Popular en un escenario intermedio sobre su devenir a corto y medio plazo. El más benevolo reducía ese impacto a 11.800 millones, mientras que el más duro lo disparaba a 20.600; eso sí, todo de manera provisoria.
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