Comienza el primer gran juicio penal por preferentes con la CAM

López Abad y Amorós, exdirectores generales y ya condenados por falsear las cuentas de la caja, están acusados de estafa y se enfrentan a 10 años

J. A. BRAVO

madrid. El primer gran juicio penal por la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada, dos productos de alto riesgo a los que bastantes entidades financieras recurrieron para financiarse años atrás, comienza este miércoles en la Audiencia Nacional. En el banquillo se sientan dos ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad y Dolores Amorós, acusados de un delito de estafa en concurrencia con otro relativo al mercado y los consumidores. Cada uno se enfrenta en total a 10 años de cárcel.

No sería, llegado el caso, su primera condena. En octubre ya fueron sentenciados a tres años de prisión por falsear las cuentas de la entidad -junto a otros dos antiguos directivos también condenados-, de forma que en el primer trimestre de 2011 hicieron reflejar un supuesto beneficio de 39,7 millones de euros que, en realidad, eran unas pérdidas por valor de 1.163,4 millones. El fallo, no obstante, ha sido recurrido. En 2016 sí se libraron de ser juzgados por la colocación de cuotas participativas en 2008 dado que los resultados de la CAM no estaban manipulados en esa época.

Entonces no acusaba la Fiscalía, al igual que tampoco lo hace en el proceso de las preferentes. Su argumento es que, lejos de haber engaño a los clientes, «un buen número» de ellos «disfrutó de la alta rentabilidad del producto durante años». Además, ya fueron compensados por el Banco Sabadell -dueño de los activos de la CAM-, intereses incluidos, y estima que la información que se les dio en su día «era correcta». Por eso, cree que «nadie puede considerarse» aún «con derecho a ser indemnizado».

Todo lo contrario piensan desde la asociación Adicae y un grupo de inversores, que ejercen la acusación y reclaman 11 millones de indemnización aunque en la instrucción no se concretó el importe de la estafa. Recuerdan que la CNMV apreció «irregularidades en su comercialización» y «deficiencias relevantes», argumento usado por la juez Carmen Lamela para abrir juicio oral en enero.

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