La CNMC cumple cuatro años marcada más por las sombras que por sus luces

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, en una comparecencia en el Congreso. :: efe/
José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, en una comparecencia en el Congreso. :: efe

Las disputas internas, los últimos varapalos de la justicia y la guerra competencial han oscurecido su labor de control

J. A. BRAVO MADRID.

Una indigestión de libro. Los 'doctores' economistas que han diagnosticado al 'paciente' tienen claro el principal problema que lastra a la poderosa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras cumplir cuatro años de existencia, suficiente para evaluar a un gigante que, para no pocos, nació con pies de barro. La ley de su creación se aprobó en junio de 2013 y para octubre aquella echaba a andar.

Era un proyecto único, casi sin parangón no ya en la UE -solo Estonia y Holanda cuentan con un macroorganismo que puede tener parecido- sino incluso dentro de las economías desarrolladas (OCDE), y nada que ver con lo que pasa en los grandes referentes continentales como Alemania, Francia y Reino Unido. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció su creación en febrero de 2012 en aras a la «optimización de medios», el ahorro de costes y una mayor coordinación.

UNA EFICACIA ESCASA

En la práctica, sin embargo, tales pretensiones parecen haberse quedado a medio camino. En la medida que se unificaron cuatro reguladores (energía, telecomunicaciones, transportes y postal) y una autoridad de supervisión (competencia) en un solo órgano, el ajuste anunciado de medios se ha quedado casi en un espejismo. Asimismo, la nueva ley exigía una serie de informes cruzados que, en la práctica, han supuesto mayor burocracia.

Dos grandes patas sustentan la mesa de la CNMC, en forma de sendas salas, una para temas de competencia y otra de supervisión regulatoria. Los tiras y afloja entre una y otra han sido norma común en este tiempo, reconocen fuentes internas de la institución, que también admiten otro problema añadido que para algunos es ya casi un secreto a voces: la división en el seno del consejo.

La mayoría considerada 'rebelde', en la medida que se oponen a lo que considera una gestión «excesivamente autoritaria» por el presidente de la Comisión, José María Marín Quemada, se hizo visible en marzo de 2016. Fue a raíz de la polémica publicación de las conclusiones preliminares de un informe sobre la economía colaborativa, donde se planteaba la liberalización total de mercados de transporte como el del taxi, el alquiler de vehículos con conductor y el arrendamiento de viviendas vacacionales.

Todo un guiño a grandes plataformas multinacionales como Uber, Cabify y Airbnb. Finalmente la CNMC calificó lo ocurrido de «error» y el documento de mero borrador, al no haber pasado por el Consejo. Pero el tema ha vuelto a surgir porque prepara otro dictamen, esta vez oficial aunque no sería vinculante para evitar controversias. La idea es que sirva de guía para el legislador.

Aquel fue un choque más -éste más sonoro- entre dos bloques de consejeros. El de los 'rebeldes' cuenta con seis miembros, la mitad del consejo tras la incorporación en septiembre de dos antiguos titulares del regulador de telecomunicaciones cesados al nacer la CNMC. Entre otras cosas se han quejado de que el director de Promoción de Competencia, Antonio Maudes -figura clave en la institución-, actuaría sobremanera como «verso libre», o de que Marín Quemada habría realizado algunos nombramientos casi a dedo, como el del secretario general, Julio Martínez, que no pasó por el pleno.

La reacción del presidente fue reactivar un buzón interno de denuncia, donde un auditor recibe las quejas de técnicos o funcionarios respecto a si algún consejero trata de influirles o condicionarles en sus informes a favor de una determinada empresa o sector. Su otra batalla ha sido la competencial, pues en el entorno de Marín Quemada relacionan a algunos de esos miembros 'díscolos' con las tesis próximas al Gobierno.

Atribuciones prestadas

Ambos nunca han terminado de tener buenos vínculos, aunque el Ejecutivo promovió su designación. El presidente esperaba tener un poder e independencia casi totales, pero obvió que la CNMC nació con unas atribuciones prestadas por varios Ministerios a la espera de que tuvieran los medios necesarios para asumirlas tras unificarse los reguladores.

A mediados de octubre el Consejo de Ministros autorizó su recuperación. Así, la Secretaría de Estado de Energía obtenía las inspecciones y liquidaciones financieras del sector eléctrico (incluidas las ayudas a las renovables), la supervisión del sector de hidrocarburos y el control de operaciones. En la de Agenda Digital, por su parte, recaían los derechos de uso del espacio radioeléctrico, junto a los registros de operadores y numeraciones, con sus tasas.

La CNMC se opone a ello y estudia dar una doble batalla, una jurídica mediante el recurso pertinente ante los tribunales y otra política ante las instancias comunitarias. La Comisión Europea ya tiene abierto desde hace casi un año un procedimiento de infracción a España, porque el Ministerio de Energía controla parte de la factura eléctrica; en concreto, los peajes de acceso que cubren los costes regulados del sistema y suponen un 45% del recibo.

Otra de las sombras que se ciernen sobre la CNMC es su escasa eficacia recaudatoria, pues de los 914 millones de euros en multas que ha impuesto desde su creación apenas ha logrado cobrar 30 millones, el 3%. A eso se unen varios varapalos seguidos desde la Audiencia Nacional tras el verano que han anulado casi 200 millones en multas. Ya le ocurrió algo parecido en 2015 y 2016.

Lo peor es que en muchos casos son errores subsanables de origen, pues la infracción no se suele poner en duda. Son defectos de forma como acusar a la matriz en vez de a la filial que incumplió la ley, no justificar la cuantía de las multas o no admitir alegaciones. Fallos advertidos de antemano por los consejeros 'rebeldes'.

de las sanciones es solo lo que ha recaudado la CNMC sobre el total de las multas impuestas desde su creación, esto es, 29,81 millones frente a 914 millones de euros.

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