Bruselas quiere poner líneas rojas laborales a la nueva economía

Los cambios previstos limitarán el periodo de prueba a seis meses y prohibirá la exclusividad en contratos por horas

LUCÍA PALACIOS

madrid. La Comisión Europea quiere arrojar luz sobre la situación laboral de quienes trabajan con empresas de la llamada economía colaborativa, muchas a su vez plataformas digitales. Para ello prepara una nueva directiva que afectará a cerca de tres millones de personas, en bastantes casos con empleos considerados precarios, al tiempo que mejorará las condiciones de los trabajadores ocasionales o con contratos por horas y personal doméstico.

Compaginar flexibilidad y protección. Es lo que defendió ayer la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, durante la presentación en Bruselas de esta propuesta -que actualiza una directiva de 1991-, aunque matizó que no van a prohibir este tipo de empleos. «La economía de hoy necesita contratos laborales flexibles pero la flexibilidad debe acompañarse con una protección mínima», explicó.

Así, la nueva normativa propone limitar el periodo de pruebas a seis meses para todos los empleos, salvo que haya una causa «objetiva» que justifique un periodo mayor o esté en el interés del trabajador, y prohíbe al empleador exigir exclusividad salvo en casos justificados, como cuando el trabajador tiene información confidencial de la compañía. Por ejemplo, los repartidores de comida a domicilio podrán servir a varias empresas o los conductores operar con más de una plataforma.

A su vez, la futura directiva -que luego tendría que ser implementada por los países de la UE en un plazo de dos años, a través de leyes nuevas o acuerdos sobre la negociación colectiva- establece que las personas con trabajo a demanda u horarios variables tienen derecho a saber «con un periodo de antelación razonable» cuándo se les puede pedir trabajar. Precisamente por este motivo no se les podrá exigir disponibilidad total, en contra de lo que viene ocurriendo muchas veces.

Todos estos requisitos deberán ser definidos por los Estados miembros y los agentes sociales, pues los primeros aún no se han pronunciado y tampoco el Parlamento Europeo. Además, cuando exista una vacante en un puesto más estable dentro de la empresa, el trabajador tendrá derecho a pedirla y el empresario estará obligado a dar una respuesta por escrito en un mes (tres meses en las pymes) y justificar los motivos en caso de que se la denieguen.

En definitiva, lo que pretende la Comisión es que los contratos se hagan de forma más transparente y sean más seguros y para ello exige que se incluya por escrito -o en formato digital- toda la información sobre las condiciones laborales (remuneración de horas extraordinarias, formación, datos del tiempo trabajado, institución de seguridad social donde se abonan las contribuciones, entre otros). Y, además, que sea desde el primer día de trabajo frente al plazo actual de 60 días.

Las penalizaciones para las compañías que incumplan esta normativa -que no afectará a los autónomos, para quienes en la primavera de 2018 se presentará un paquete específico de protección social en el trabajo por cuenta propia- deberán ser decididas asimismo por cada país de la Unión. No obstante, en aras a impulsar el cumplimiento y evitar que todos los problemas lleguen a los tribunales, Bruselas quiere que en cada Estado se designe una autoridad administrativa para lidiar con este tipo de casos antes de acudir a la vía judicial.

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