Bruselas se niega a revelar el informe del auditor sobre la situación del Popular

La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke Köning, supervisora del Popular. :: R. O. /  reuters
La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke Köning, supervisora del Popular. :: R. O. / reuters

Las autoridades evitan que se conozcan las valoraciones de Deloitte y asumen que el Tribunal de Justicia de la UE es el competente para el caso

ADOLFO LORENTE BRUSELAS.

¿Los propietarios de los 'platos rotos' en Banco Popular tienen derecho a ser recompensados? Si es así, habrá que decidir cuánto y, sobre todo, quién apoquinará con los destrozos de la 'vajilla', de su resolución y venta por sólo un euro al Santander. La batalla legal no ha hecho más que comenzar pero, en lo político, el Gobierno busca disipar los fantasmas. Estos sugieren que, pese a lo prometido, los contribuyentes quizá tengan que asumir parte del coste de las potenciales indemnizaciones con el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB).

Desde Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, salió ayer al paso de los rumores e insistió, tajante, que la cadena de culpas está muy bien definida: «Hay un supervisor único, que es el BCE, y una Junta Única de Resolución (JUR) que se encarga de las resoluciones o liquidaciones de los bancos. Y ellos han sido los responsables», zanjó poniendo la venda sobre el FROB antes de una posible herida. «La norma es muy clara y busca que los contribuyentes no paguen los problemas de los bancos, y el Popular es un modelo de ello», recalcó.

Horas más tarde, el vicepresidente del Euro de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, lanzó un capote a Madrid dentro del escaso margen político y legal que tiene dada la complejidad del asunto, asumiendo que las posibles reclamaciones deberían realizarse en el ámbito comunitario. «En relación a potenciales casos judiciales, no vamos a especular. Desde un punto de vista legal, las decisiones de resolución son actos de la UE y pueden ser impugnadas dentro del marco de los Tratados de la UE, y en este caso sería el Tribunal de Justicia de la UE el que tendría que decidir». Quizá suene a obviedad, pero cuando el debate es si el culpable es el FROB o Bruselas, asegurar que se trata de «actos de la UE» es todo un balón de oxígeno.

«Nosotros decidimos la resolución y los colegas españoles actuaron», matizan desde la UE

Pero como es lógico, los abogados de los afectados buscarán disparar a todo lo que se mueva. Que si el FROB porque ejecutó la decisión de resolver y vender el Popular por un euro; que si la JUR porque fue la que la tomó; que si el BCE por concluir que había un problema de liquidez irreversible; que si la Autoridad Bancaria Europea (EBA) por diseñar unos test de estrés 'mejorables'; que si el Banco de España por no ver los problemas a tiempo... Y eso sin hablar aún de los gestores. El abanico es amplio en un caso que, de momento, sólo se escribe en condicional.

Por la tarde, al término del consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), compareció en la comisión de Economía del Parlamento Europeo la presidenta de la Junta Única de Resolución, la alemana Elke Konig. Y lo hizo para reafirmarse en lo hecho hablando sin tapujos de «éxito». «Ha sido un caso de manual que ha demostrado la efectividad del marco de la UE», recalcó. «Nosotros decidimos la resolución y los colegas españoles actuaron», matizó poco después para evitar nuevas dudas sobre el FROB.

«Cumplimos exactamente lo que dicen las reglas. No hubo contagio en los mercados, los contribuyentes y los depositantes quedaron protegidos, y el banco abrió al día siguiente», se felicitó. Eso sí, no tienen intención de publicar el informe del auditor Deloitte sobre el que se basaron, al menos por ahora.

El precio, condicionado

Fueron muchas las críticas recibidas por parte de los eurodiputados españoles, pero Konig insistió en que no había otra salida después de que el BCE decretase que no tenía liquidez para abrir el 7 de junio. Sobre el precio de un euro, aclaró que es un proceso en el que hay un vendedor y un comprador y éste, el Santander, solo ofreció eso. Y fue el «único» que pujó hasta el final.

Sí fue más crítica en todo lo relacionado a la banca italiana, llegando a pedir incluso un cambio en la normativa europea de las ayudas de Estado para evitar que los contribuyentes acaben pagando. Pero de verdad, no como ha ocurrido en Italia, aunque sí se respetaron las reglas.

También ayer, la JUR publicó la versión no confidencial de su decisión. En 24 páginas explica la base jurídica empleada y la cronología. Por ejemplo, que la liquidez de emergencia del BCE no llegó hasta el 5 de junio, solo 48 horas antes de que se ordenase la resolución de la entidad en la madrugada del 7. ¿Cuánto se dio? ¿Por qué no más? ¿No había colateral suficiente... y por qué se infravaloró? Siguen siendo muchos interrogantes, y la gran mayoría no se resolverán hasta que el asunto llegue a la justicia.

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