Bruselas irrumpe en la 'guerra del carbón' al poner en duda 440 millones en ayudas

Instalaciones de la central térmica de carbón situada en el municipio cordobés de Puente Nuevo. :: ruiz de almodÓvar/
Instalaciones de la central térmica de carbón situada en el municipio cordobés de Puente Nuevo. :: ruiz de almodÓvar

La Comisión abre una investigación por subvenciones de Estado ilegales que afectan a 14 plantas en el periodo 2007-2016

ADOLFO LORENTE BRUSELAS.

La Comisión se afanó en remarcar que se trata de dos «asuntos completamente distintos», pero la coincidencia temporal es cuanto menos sospechosa. Por sorpresa, como más duele, Bruselas irrumpió en la 'guerra del carbón' protagonizada por el Gobierno español e Iberdrola cuestionando la concesión de 440 millones de ayudas públicas entre 2007 y 2016 a 14 centrales térmicas de carbón, cuya identidad no fue desvelada «por ser un asunto confidencial», explicaron fuentes comunitarias. El impacto económico podría ser incluso mayor ya que este tipo de ayudas están previstas hasta 2020.

Los subsidios en cuestión fueron aprobados con el socialista Joan Clos como ministro de Energía y «no fueron notificados en su día a Bruselas». Se trata de «incentivos medioambientales» ideados para ayudar a las compañías eléctricas a cumplir con las limitaciones de emisión de óxido de azufre a través de la instalación de filtros 'ad hoc'. La ayuda es de 8.750 euros por megavatio al año y están en vigor hasta 2020. Esto, claro, si Bruselas no las corta de raíz al considerarlas ayudas de Estado ilegales, algo bastante probable. Y es que cuando la maquinaria bruselense del área de Competencia se pone en marcha es difícil frenarla ya que hay bastante trabajo de campo previo. No se parte de cero ni mucho menos.

Pese a todo, el portavoz comunitario Ricardo Cardoso recordó la tradicional coletilla usada por Bruselas para cubrirse las espaldas: «El inicio de un expediente de investigación no prejuzga el resultado de la misma». Eludió hablar de plazos o concretar, por ejemplo, cuántas plantas afectadas ya han cerrado sus puertas. Respecto a la cuantía, no se trata de una multa, sino de unas ayudas que podrían ser declaradas ilegales y que el Gobierno español estaría obligado a recuperar. Las multas, eso sí, llegarían en el hipotético caso de que Madrid se negase a acatar las órdenes de la Comisión, como ocurrió en su día con las 'vacaciones fiscales' vascas o el conflicto de la estiba.

La UE analiza si se trata de incentivos públicos contrarios a la normativa comunitaria

El Gobierno se defiende

«Si contaminas, pagas», zanjó ayer la poderosa comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, quien recordó que las normas sobre ayudas estatales no permiten exonerar a las compañías de cumplir «con sus obligaciones medioambientales con el dinero del contribuyente». «Tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal», censuró.

La investigación de Bruselas ha estallado en plena batalla por las centrales de carbón en España. Por un lado, está el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y por el otro, el CEO de Iberdrola, José Ignacio Galán, que acaba de anunciar su intención de cerrar las dos últimas instalaciones que tiene de estas características en España (Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia) para seguir los dictados de la UE en favor de la lucha contra el cambio climático. El Gobierno de Rajoy ya ha dicho 'no' y maniobró impulsando un real decreto aún no aprobado que prohíbe su cierre por cuestiones de seguridad y para no alterar la factura de la luz de los españoles, que «subiría 2,5 euros más al año». Se trata de un real decreto que Bruselas ya está analizando, como señaló el pasado viernes el comisario de Energía, Migel Arias Cañete.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía matizaron ayer que estas ayudas a las centrales térmicas de carbón «se financian a cargo del sistema y no con Presupuestos», y recordaron que cuando se constituyeron «no entraban en la definición de ayuda pública» y desde entonces, «la Comisión nunca ha dicho nada pese a conocerlo». Bruselas dice lo contrario, que a alguien se le 'olvidó' informarles.

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