Bruselas culpa a la prensa de acelerar la fuga de depósitos del Popular

La JUR habla de su «continua cobertura negativa» mientras el supervisor español alega que él no tuvo «ni voz ni voto» en la resolución

J. A. BRAVO

madrid. La búsqueda de posibles culpables del fiasco del Banco Popular, declarado insolvente por la Junta Única de Resolución (JUR) europea el 6 de junio y vendida horas después por un simbólico euro al Santander, continúa en el plano político a la espera de que avance el judicial tras las denuncias presentadas. Así, el organismo comunitario añade entre los posibles responsables a los medios de comunicación.

No resta peso, sin embargo, al papel de sus dos últimos presidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho. Así, en su informe de 24 páginas sobre el caso, señala que los problemas de liquidez empezaron con el primero -la JUR no desglosa el peso de sus activos 'tóxicos' ligados al 'ladrillo', créditos e inmuebles, pero sí recuerda que en febrero se anunciaron unas pérdidas de 3.485 millones de euros con cargo a 2016- aunque se «acentuaron» con el segundo, pese a anunciar éste un «cambio de estrategia».

De la prensa, la Junta resalta que su «continua cobertura negativa sobre los resultados financieros de la institución y sobre el posible riesgo inminente de quiebra o falta de liquidez ha resultado en un incremento de las salidas de depósitos», hasta 18.000 millones según el sector. Pese a ello, sostiene que el propio organismo de la JUR no contribuyó a ese descrédito con declaraciones o filtraciones en los días previos a su intervención. La JUR detalla el calendario de sus pasos. El 2 de junio pidió por vez primera información «complementaria» al Popular. El 3 inició un «procedimiento de mercado» para su posible venta, al tiempo que advertía al FROB de los «requerimientos» que serían necesarios. Ya el 4 y el 5 conoció el interés de dos compradores «potenciales», pero solo un día después los dirigentes del Popular le comunicaron que «dan por sentado» que el banco «probablemente terminará por caer». A su vez, el BCE daba por hecho que lo haría ese día, o en «un futuro cercano».

En esta tesitura, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, trató ayer de desvincularse de la toma de decisiones. «Desde noviembre de 2014 -argumentó- no somos supervisor prudencial de ninguna entidad significativa, tal como regula la ley europea». Admitió, no obstante, que «participan en equipos de supervisión que trabajan» con el Popular, pero sin autoridad. «No es fácil de asimilar pero es así», dijo.

Por ello, defendió que no han tenido «ni voz ni voto» en su resolución, aunque el supervisor dio por bueno en 2012 que tenía «medios propios» para cubrir necesidades de capital «superiores a 3.200 millones».

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