Los bancos reclaman al Estado los 1.350 millones prestados para el cierre de Castor

La plataforma del almacén de gas Castor situada en las costas de Castellón. :: Domenech Castelló / efe/
La plataforma del almacén de gas Castor situada en las costas de Castellón. :: Domenech Castelló / efe

Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno flexibilidad en la devolución para minimizar el impacto en las cuentas públicas

D. VALERA MADRID.

El fiasco del proyecto de almacén de gas Castor sigue persiguiendo al Gobierno. Y es que Santander, CaixaBank y Bankia reclaman ahora al Estado la devolución de los 1.350 millones que le prestaron para hacer frente a la indemnización del cierre de la planta situada a 21 kilómetros de la costa de Castellón, según confirman fuentes jurídicas. Una cantidad que el Gobierno debió desembolsar para cumplir con la compensación a la compañía propietaria de la plataforma Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) por el cese de actividad del almacén de gas, que había provocado alrededor de 500 pequeños seísmos en la costa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto que aprobaba la indemnización y ahora la banca solicita su reembolso, aunque está dispuesta a ser flexible para minimizar el impacto en las cuentas públicas.

En concreto, las tres entidades formularon ayer ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución de esos 1.350 millones más los daños causados tras el fallo del Constitucional. Según fuentes jurídicas, en su solicitud argumentan que la inconstitucionalidad del real decreto no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En caso contrario, los bancos consideran que la administración pública se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.

La devolución inmediata de este importe supondría todo un contratiempo para el Gobierno, ya que puede poner en riesgo el cumplimiento del déficit este año que debe bajar del 3,1% al 2,2% (un ajuste de 10.000 millones). Por este motivo, las tres entidades financieras ofrecen al Gobierno pactar un acuerdo que contemple una flexibilización de la devolución para no hacerla efectiva de golpe y afectar así lo menos posible a la consolidación fiscal y a los consumidores. De esta forma, las tres entidades han ofrecido al Estado que lleve a cabo el reembolso de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones (de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente) en que estaba previsto en el real decreto.

El Constitucional declaró nulo el uso del decreto para pagar a ACS la indemnización

Coste para los consumidores

El caso Castor se remonta a 2013 cuando la primeras pruebas de la planta, en la que se inyectaba gas para su almacenaje, provocaron temblores que en algunos casos superaron los 4 grados en la escala de Richter y se sintieron en la costa de Castellón y Tarragona. Ante esta situación, el Gobierno decidió el cierre de la planta, lo que conllevó ejecutar una polémica cláusula recogida en la concesión -otorgada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- que garantizaba a la empresa propietaria -controlada por ACS- la reinversión de la inversión en caso de la paralización del proyecto.

Para ello el Gobierno del PP aprobó en 2014 un real decreto para abonar la indemnización sufragada por Santander, CaixaBank y Bankia, que recuperarían el préstamo en 30 años a través de un cargo en el recibo del gas que pagan los consumidores y que se eleva a 100 millones anuales. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que el coste para los usuarios teniendo en cuenta los intereses podría elevarse los 4.700 millones.

En cualquier caso, en diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional dio un varapalo al Gobierno al considerar nulo el uso del decreto -instrumento válido para medidas de urgencia- para aprobar esa indemnización en un plazo de 35 días al entender que el Gobierno no había justificado la necesidad de esa rapidez para el pago. Es decir, que el Ejecutivo debía haber tramitado esa compensación a través de una ley ordinaria, algo que podría haber hecho fácilmente al contar con mayoría absoluta en esa legislatura.

Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, justificó esa fórmula en una reciente comparecencia ante la comisión de Energía en el Congreso por la delicada situación de la economía española y europea en aquel momento. Además, Nadal recordó que si quebraba la empresa concesionaria «se iba a producir un fallido en una deuda del Banco Europeo de Inversiones», que había aportado 500 millones en para el proyecto.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos