La Rioja

Primera querella colectiva de accionistas por la caída del Popular

Sucursal del Banco Popular.

Sucursal del Banco Popular. / EFE

  • La OCU presenta una demanda que engloba ya a 9.500 perjudicados por falsedad contable y estafa contra la antigua dirección del banco

Aún no ha transcurrido una semana desde que Banco Popular pasó a manos del Santander en cuestión de horas y la anterior cúpula de la entidad encabezada por Ángel Ron ya ha recibido la primera demanda judicial por parte de los pequeños inversores perjudicados por la resolución del banco y la consiguiente pérdida de sus títulos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de falsedad contable y estafa al pequeño ahorrador con la que quiere que se resarzan los derechos de estos ciudadanos.

Lo han hecho contra el que fue presidente del Popular hasta febrero de este año, Ángel Ron; el consejero delegado en ese momento, Pedro Larena; el vicepresidente de la entidad, Roberto Higuera; la empresa que auditó las cuentas de la entidad, PriceWaterhouseCoopers (PwC); además del socio firmante de esas auditorías. Es decir, la OCU se querella contra la dirección anterior a la que ha estado al frente del grupo cuando se ha producido la intervención.

Desde la organización alegan que tanto los accionistas como los bonistas perjudicados por este desenlace "habían invertido con unas cuentas que no eran reales". De hecho, consideran que hubo "vicio de consentimiento" por parte de la entidad ante episodios como la ampliación de capital llevada a cabo hace ahora un año por 2.500 millones en la que participaron muchos minoritasios.

La querella, que ahora debería ser admitida a trámite por la Audiencia Nacional para seguir su desarollo judicial, se ha presentado en representación de los más de 300.000 pequeños accionistas impactados por el rescate del banco. De hecho, son ya 9.500 los inversores que han acudido a la asociación tras conocer que habían perdido todo su capital.

La organización busca no solo que los perjudicados recuperen el dinero perdido, sino también que "los responsables de esta situación" respondan ante la Justicia. Desde la OCU recuerdan que ya se han dirigido al Ministerio de Economía y a la CNMV para exigirles que habiliten un mecanismo extrajudicial para resolver este caso, aunque por ahora no han tenido respuesta.

Otra asociación de consumidores, Adicae, tampoco descarta emprender también acciones legales contra el Popular, y sopesa la posibilidad de presentar una demanda colectiva por los daños causados "a estos millares de pequeños inversores", en la que ya trabajan los servicios jurídicos.

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