Los ayuntamientos sólo reinvierten una cuarta parte de su superávit

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso. :: Javier Lizón / efe/
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso. :: Javier Lizón / efe

Los municipios critican las limitaciones para usar esos recursos y Hacienda destaca que ya se han ampliado las áreas para inversiones sostenibles

D. VALERA MADRID.

Los ayuntamientos son las administraciones más saneadas de España. Acumulan seis ejercicios consecutivos de superávit en sus cuentas públicas (la previsión del Gobierno es que en 2018 incluso mejoren el saldo positivo del pasado curso hasta el 0,62% del PIB) frente al déficit de comunidades autónomas, Estado y Seguridad Social. Sin embargo, las entidades locales tienen limitada la reutilización de ese superávit por la regla de gasto, algo que ha provocado las quejas de los municipios. Para dar salida a esos recursos, Hacienda creó la posibilidad de destinar parte de esos importes a inversiones financieramente sostenibles (no computan en la regla de gasto). Aun así, la realidad es que las corporaciones locales sólo reinvierten una cuarta parte de ese superávit.

En concreto, los ayuntamientos pudieron destinar en 2016 -últimos datos disponibles- hasta 2.735,71 millones de su superávit total de 2015, que ascendió a más de 5.000 millones, a inversiones financieramente sostenibles, esto es, a operaciones de la vía pública como alumbrado, alcantarillado o recogida de residuos, principalmente. Sin embargo, los municipios sólo dedicaron 717,76 millones a esos proyectos, lo que apenas supone el 26,24% del total al que tenían derecho, según la información de Hacienda. De esa cantidad, 407,59 millones (un 56,8%) corresponden a los municipios y los 310,17 millones restantes a actuaciones de las diputaciones provinciales. Madrid es la ciudad que más dinero destinó a estas inversiones sostenibles (110 millones), seguida de Valencia (20 millones) y Las Palmas de Gran Canaria (6,78 millones).

Sin embargo, al mismo tiempo que los ayuntamientos dejaban tres cuartas partes del superávit sin destinar a estas operaciones, se enfrentaban con el departamento que dirige Cristóbal Montoro por la regla de gasto. ¿Una contradicción? En realidad no.

El problema radica en que el ámbito de actuación de las inversiones financieramente sostenibles es muy limitado y deja fuera la posibilidad de reinvertir el superávit en gasto social como recuerdan desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por eso este organismo presionó este año a Hacienda para conseguir ampliar las áreas de actuación de estas inversiones. Algo que consiguió arrancar a Hacienda tras amenazar con movilizaciones. Así, el Gobierno aprobó a finales de marzo un decreto que amplía los capítulos en los que se puede invertir ese superávit sin computar en la regla de gasto. A partir de ahora podrán dedicarse a servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, bibliotecas y archivos, inversiones en equipamientos culturales, museos y en instalaciones deportivas.

Más exigencias

Desde el Gobierno reconocen esta limitación. «En 2017 de cada cuatro euros solo un euro se ha destinado a inversiones financieramente sostenibles. No por restricción, sino porque no se ha usado todo el potencial», reconoció la secretaria general de financiación autonómica y local, Belén Navarro, durante su comparecencia hace unas semanas en la Comisión de Presupuestos del Congreso. En cualquier caso, recordó que Hacienda ha ampliado el «catálogo» de ámbitos en los que se puede destinar ese superávit. En este sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro espera que a partir de ahora este tipo de inversiones se incrementen.

Sin embargo, los ayuntamientos tienen que sortear otros obstáculos que también limitan la reutilización de su superávit. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los requisitos impuestos por Hacienda a las corporaciones locales para poder acogerse a esta flexibilización de la regla de gasto por vía de ampliar las inversiones financieramente sostenibles son más estrictos que los exigidos, por ejemplo, a las comunidades autónomas.

Así, los ayuntamientos que quieran reutilizar ese saldo positivo deberán cumplir con el objetivo de deuda pública y no exceder el periodo de pago a proveedores (fijado en 30 días). Además, no podrán incurrir en déficit en el ejercicio vigente. Unas exigencias que complican el acceso a estas inversiones y que no se aplican para las comunidades autónomas, según la disposición recogida en los Presupuestos de 2018. Por ese motivo la Autoridad Fiscal advirtió que un tercio de los municipios no se podrán beneficiar de estos cambios, aunque sí podrán hacerlo la mayoría de los grandes ayuntamientos. Pese a todo, la AIReF pide al Gobierno «definir con claridad» la regla de gasto contemplada en la ley de estabilidad.

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