El TC avisa al Gobierno de que las CCAA deben gestionar la ayuda para el paro persistente

Ve inconstitucional la forma en que hasta ahora se han regulado estos planes, tanto el Prepara como el PAE, que serán revisados antes de mayo

J. A. BRAVO

madrid. Las ayudas públicas a los desempleados de larga duración las puede crear el Gobierno, e incluso fijar los requisitos para acceder a ellas, pero quienes deben gestionarlas son las comunidades autónomas. Así lo ha resuelto el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) por segunda vez en apenas cinco meses en sendas sentencias que, aunque en la práctica no suponen anular dichos complementos salariales, sí son un claro aviso al Ejecutivo sobre la negociación para unificar este tipo de subvenciones y evitar duplicidades.

El último de esos fallos se conoció ayer y afecta al llamado Programa de Activación para el Empleo (PAE), dirigido a «incentivar la contratación» de parados de larga duración (aquellos que de forma continuada lleven más de doce meses sin encontrar trabajo pese a buscarlo) y que estén «en condiciones especialmente vulnerables». Aquí, como ya ocurre con el Plan Prepara, se combinan acciones de políticas activas de empleo con una prestación económica «de acompañamiento», que es «temporal».

En el caso del PAE son 426 euros al mes de promedio, mientras que en el Prepara oscilan entre los 400 y los 450 euros; en ambos casos, además, el disfrute de la ayuda no puede superar como máximo los seis meses. Y es que la filosofía de los dos programas es, sobre todo, «facilitar su retorno al mercado laboral».

Por eso, la mayoría de los magistrados del TC considera que esta materia entraría de lleno dentro de las políticas activas de empleo, que son «diseñadas y desarrolladas» por las administraciones autonómicas. Y añaden, además, que al conllevar una subvención también les correspondería a éstas su gestión.

Sin embargo, ni en uno ni en otro plan ocurrió así y el Gobierno se atribuyó de forma exclusiva la competencia, limitándose a informar a las comunidades. Por eso, varias protestaron e incluso el País Vasco recurrió al Constitucional, que en ambos casos le ha dado la razón aunque de forma limitada, al no anular las ayudas en sí ni cuestionar la atribución estatal para fijar sus condiciones pero sí sobre su reparto.

Como ya señalara en julio en su sentencia sobre el Plan Prepara, el órgano máximo interprete de la Carta Magna advierte de que «el Estado no puede ignorar que la competencia para la ejecución» de las normas que él mismo ha dictado, «en virtud de su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», corresponde, «en principio», a las comunidades autónomas. Y, por tanto, tampoco puede «desapoderarlas» de las atribuciones «asumidas» por cada una de ellas en la vía estatutaria.

El Gobierno, vía decreto, atribuyo al Estado (a través del SEPE) «el reconocimiento, concesión y pago» de esas dos ayudas (PAE y Prepara), pero el TC estima que «no concurren circunstancias que justifiquen tal gestión centralizada». Recuerda que ha realizado «un diseño pormenorizado del régimen» de ambas prestaciones, «de forma que dichas actuaciones se contraen, en gran medida, a una labor aplicativa de los requisitos antes establecidos por la legislación con la precisión que estime conveniente».

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