Archivada la causa general por las preferentes de Caja Madrid por no ver una «trama delictiva»

Un grupo de preferentistas de Caja Madrid protesta junto a los juzgados de la capital. :: efe/
Un grupo de preferentistas de Caja Madrid protesta junto a los juzgados de la capital. :: efe

El juez del 'caso Bankia' hace suyo el criterio de la Fiscalía aunque anima a presentar demandas individuales por existir «graves deficiencias»

J. A. BRAVO MADRID.

Era la crónica de un cierre anunciado casi desde que se abrió en 2013 en la Audiencia Nacional una causa penal sobre las participaciones preferentes de Caja Madrid, a raíz de una querella del extinto partido UPyD ante la presunta existencia de una estafa generalizada. El juez Fernando Andreu, el mismo instructor del 'caso Bankia', comunicó ayer su archivo al «no haber quedado acreditado» que se hubieran emitido «al objeto de engañar a los inversores de forma global, a sabiendas de que no iban a recuperar» su capital inicial, ni tampoco la existencia de una «trama delictiva».

De hecho, en el último año no se habían practicado diligencias en este caso y se había «agotado el plazo máximo» previsto para la investigación (un lustro). No obstante, ésta ya había quedado bastante limitada desde un inicio, al resolver la Audiencia que quedara «fuera todo lo referente a la concreta comercialización» de las preferentes y «el cese de operaciones en las sucursales de Bankia» o de las cajas que la integraban, clave para determinar su valor final y que fue tachada de «malas prácticas» desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La insistencia de la Fiscalía, que desde un inicio no consideró que los hechos analizados «constituyeran un delito», logró que sólo se indagara respecto a «la ideación y comercialización general» de estas polémicas participaciones «desde la cúpula directiva de las emisoras». Tras recabar distintos informes, además de tomar declaración en 2014 a una decena de ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia como imputados, el Ministerio Público considera «difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado por las entidades querelladas, a las que habría que sumar gran parte del sistema financiero para el engaño». Y el juez hace suyas todas sus conclusiones, pero sin expresar razonamiento propio alguno.

«No se ha acreditado, siquiera indiciariamente» -prosigue el fiscal- que los responsables de esas emisiones tuvieran el «propósito inicial de incumplir lo pactado» y conocieran que Caja Madrid «iba a situarse en una situación de insolvencia que despojaría de su inversión a miles» de clientes. El lanzamiento de las preferentes, añade, «ni fue una decisión aislada, ni desconocida por las autoridades regulatorias y supervisoras que, antes al contrario, la autorizaron expresamente».

La Fiscalía reconoce, sin embargo, que «parece claro que existió un significativo número de casos» donde las entidades (Bankia y sus cajas) «habrían incurrido en importantes deficiencias en la comercialización del producto». De hecho, así lo han concluido los últimos años distintas sentencias dictadas en tribunales civiles de diferentes territorios.

Consejos, pero no órdenes

La propia CNMV pidió en varias ocasiones a la caja madrileña que reforzara sus controles internos sobre a quienes colocaba las preferentes, destacando las «debilidades» del diseño de sus test de conveniencia. El Ministerio Público aduce que fueron «recomendaciones, pero no requerimientos, fórmula que hubiera adoptado de haber detectado incumplimientos normativos» y que en 2013 vio «adecuadas» las medidas.

Eso sí, el regulador del mercado admitió que solo se basaba en «los procedimientos establecidos y la documentación aportada», de manera que no podía «comprobar si, como alegan los clientes, hubo recomendaciones verbales» para que adquirieran las controvertidas participaciones. Por eso la Fiscalía lo ve «compatible» con que existan «numerosas reclamaciones» al respecto y «graves deficiencias» desde el área comercial, aunque no «instrucciones» para colocar el producto «entre los inversores más inadecuados».

«No cabe duda de que un gran número de estos adquirentes se sienten engañados -reconoce-, por no haber sido debidamente informados y advertidos de los riesgos». Incluso -apunta- «es cierto que han podido primar los intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes». «Y es por eso -concluye- que la satisfacción de los intereses de los preferentistas no encuentra acomodo en este procedimiento sino extramuros, mediante las oportunas acciones civiles o penales».

Es más, aconseja la vía civil como «las más adecuada para una respuesta rápida y eficaz» -Bankia ha devuelto 2.800 millones a 170.000 clientes-. Pero olvida que el Tribunal Supremo ordenó en 2015 a la Audiencia Nacional que asumiera todas las denuncias penales por preferentes para evitar fallos dispares.

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