Todo lo aportado a un plan de pensiones hasta 2015 se podrá rescatar a partir de 2025

Un grupo de jubilados, en una residencia. :: a. gómez/
Un grupo de jubilados, en una residencia. :: a. gómez

El Gobierno aprueba el real decreto que desvincula estos ahorros de la jubilación y rebaja las comisiones de gestión

LUCÍA PALACIOS MADRID.

El dinero invertido en un plan de pensiones con una antigüedad de al menos 10 años podrá ser rescatado a partir del 1 de enero de 2025. El Gobierno aprobó ayer un real decreto en el que la novedad es que elimina cualquier limitación a la hora de hacer líquidos estos fondos (se pueden beneficiar también los planes anteriores a 2015), siempre y cuando hayan transcurrido diez años desde su aportación. De esta forma, todas las aportaciones realizadas con anterioridad a 2015, así como los rendimientos generados, se podrán retirar a partir de 2025 y las realizadas con posterioridad deberán dejar transcurrir los diez años correspondientes; es decir, que si en 2016 ingresó 2.000 euros en su fondo, deberá esperar hasta 2026 para sacar esos 2.000 euros (o en lo que se hayan convertido), y así sucesivamente.

Lo que pretende el Ejecutivo con esta medida es «estimular» el ahorro privado e incentivar a que lo hagan los jóvenes, tal y como explicó en rueda de prensa el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, algo a lo que también contribuirá el hecho de haberse aprobado una rebaja «sustancial» de las comisiones que aplican las gestoras a estos productos. De esta manera, los partícipes ya no deberían ser reticentes por la iliquidez a la hora de suscribir un fondo puesto que si, por circunstancias de la vida, lo necesitaran antes de su jubilación, podrían acceder a ese ahorro, algo que ahora no es posible, salvo en el País Vasco, donde hay un nivel de penetración superior al resto de España.

Actualmente, como norma general, solo se puede sacar este dinero en el momento de la jubilación (establecida desde el pasado 1 de enero en 65,6 años), o bien en otros dos supuestos: en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración. En esta última situación, solo podrán recuperar el plan aquellos parados que no perciban ninguna prestación contributiva, o los autónomos que hayan estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social y hayan cesado su actividad. Y es que en realidad los planes de pensiones privados en España son minoritarios, sobre todo si se compara con el nivel de ahorro en otros países avanzados, tal y como reconoció el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado jueves. De hecho, en 2016 el ahorro acumulado por los ocho millones de españoles que usan estos fondos ascendía a 106.000 millones, lo que supone menos del 10% del PIB, frente al 60% que hay de media en los países de la OCDE.

Lo que el Ejecutivo quiso dejar claro es que esta nueva normativa es complementaria al sistema público de pensiones, que es un «derecho» de los españoles. «Que quede claro y que haya tranquilidad y seguridad», subrayó Méndez de Vigo, en alusión al aluvión de críticas que recibe el Gobierno de los que denuncian que lo que pretenden es desmantelar estas prestaciones.

«La libertad de hacer un plan de pensiones es para cada uno, ya que el Gobierno garantiza que el plan de pensiones serio y sólido seguirá en pie», reiteró el ministro portavoz.

Además, el real decreto aprobado ayer pretende «aumentar la competencia en este segmento», tal y como reza la nota enviada por el Ministerio de Economía, porque una de las quejas recurrentes es que en realidad tener un plan de pensiones no tiene «mucha rentabilidad» -en palabras del propio Méndez de Vigo-, entre otras cosas porque tiene unas comisiones de gestión «demasiado elevadas» y porque el IRPF que se puede deducir uno mientras se aporta el dinero, tiene que tributarlo de golpe en el momento del rescate, lo que hace que muchos se echen para atrás. Pero así seguirá siendo, puesto que el Gobierno descarta que se vaya a eliminar.

Del 1,5% al 1,25%

A lo que sí ha dado el visto bueno es a una «bajada sustancial» de las comisiones de gestión, algo que confían sea «un estímulo más para contratar». Así, la comisión máxima que actualmente se sitúa de media en el 1,5% se reducirá al 1,25%.

En realidad, se crean tres tramos en función del tipo de fondo contratado. Para aquellos planes de pensiones que inviertan en renta fija -la más conservadora pero utilizada solo por el 18% de los partícipes- la comisión máxima de gestión se reduce del 1,5% al 0,85%. Los fondos con inversiones en renta fija mixta -que suponen un 45% del total- reducen su comisión máxima de forma más moderada al pasar del 1,5% al 1,3%, mientras que los planes de renta variable -un 35% de los suscritos- se mantendrán en el 1,5%.

El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión, que lo hará a los dos meses de su publicación.

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