Andalucía aprueba la norma que busca sortear la anulación de las 35 horas para los funcionarios

D. V. MADRID.

La Junta de Andalucía aprobó ayer la norma con la que trata de sortear los efectos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la reducción de la jornada de 35 horas por parte de los funcionarios. Así, el acuerdo ratificado ayer y que cuenta con el aval de los sindicatos eleva a 37,5 horas las horas de trabajo de los empleados públicos -como fija la legislación estatal ratificada por el fallo del Constitucional-, pero permite que 2,5 horas sean de carácter no presenciales.

Una vuelta de tuerca legal con la que el Ejecutivo que preside Susana Díaz pretende cumplir con la sentencia, pero al mismo tiempo tranquilizar a los funcionarios. Y es que algunos sindicatos como CSIF habían estimado que la reducción de la jornada ponía en peligro casi 10.000 puestos de trabajo. Así, el acuerdo aprobado contempla que 35 horas semanales sean de obligada permanencia en el puesto de trabajo y las 2,5 horas se dedicarán a la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, así como a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional.

En cualquier caso, para dotar de seguridad jurídica a los empleados públicos, el acuerdo incluye que esas horas de trabajo no presencia será supervisado anualmente por los responsables directos del personal de cada departamento con el objetivo de llevar una cuenta rigurosa y no contradecir la sentencia del Constitucional. «No hay ninguna duda sobre la voluntad y la convicción de la Junta del acatamiento de la sentencia, lo que es compatible con la defensa de los derechos de los empleados públicos», explicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien recordó que el Estatuto de Autonomía otorga a la comunidad la competencia en la organización de la jornada de los funcionarios.

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