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La aceituna se juega 60 millones al año por el arancel de EEUU

La Administración Trump impone un gravamen medio del 4,5% a las importaciones del sector, al estimar competencia desleal sus subvenciones

J. A. BRAVO

Jueves, 23 de noviembre 2017, 00:41

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madrid. El sector de la aceituna se juega al menos 60 millones de euros anuales por las medidas proteccionistas que está llevando a cabo a Estados Unidos. Primero fueron parte de las producciones siderúrgicas españolas -en concreto el alambrón que exportan, entre otros, la filial de Arcelor Mittal y CELSA- y ahora le ha tocado al fruto del olivar.

La Administración presidida por Donald Trump ha resuelto imponer un arancel a la entrada de aceitunas procedentes de España, al estimar que suponen competencia desleal para la producción estadounidense porque las subvenciones públicas que reciben (nacionales y europeas) les permiten vender a precios claramente más bajos.

La decisión, no obstante, tiene aún carácter preliminar y todavía se estudiarán más datos antes de tomar la determinación final el 4 de abril de 2018. El origen de esta actuación es una denuncia presentada en julio por los productores de aceituna en California ante el departamento de Comercio de EEUU.

Las tres empresas investigadas importaban aceitunas negras, pero el gravamen que prevé imponer Estados Unidos alcanza a todas las entradas de producto desde España, al considerar que el origen del desequilibrio de precios es su sistema de ayudas públicas. El arancel medio se establecería en el 4,5% del valor de cada importación, si bien la horquilla va del 2,3% al 7,2%. Su recaudación sería previa y en efectivo.

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha hecho cuentas y estima un impacto negativo, en el peor de los casos, de 700 millones de euros en diez años. Eso pasaría si España saliera prácticamente del mercado estadounidense ante unos aranceles muy altos, pues allí van ahora más de un tercio (36%) de las exportaciones de aceitunas.

Las asociaciones agrarias, como Asaja y UPA, tachan de «absolutamente injusta» la sanción e instan al Gobierno a que exija a la UE que presente una protesta formal.

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