La Rioja

El 'caso Bankia' divide a los acusadores. ¿Solo información «deficiente» o cuentas falseadas?

Los peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets, a la salida de la Audiencia Nacional. :: j. j. guillén / EFE
Los peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets, a la salida de la Audiencia Nacional. :: j. j. guillén / EFE
  • La Audiencia Nacional sentará en el banquillo a la antigua cúpula del banco, pero podría limitar la culpa a Rodrigo Rato y sus más allegados

Pasado ya un lustro desde que se abriera la causa penal que ha servido de paradigma para depurar responsabilidades por los excesos del sector financiero durante la crisis, el llamado 'caso Bankia', está claro que se sentará en el banquillo toda la antigua cúpula del banco hoy nacionalizado tras ser rescatado con hasta 22.424 millones de euros procedentes del erario público. La única duda reside en saber si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenará a última hora que les acompañen algunas personas más.

Fuentes jurídicas apuntan que el juez Fernando Andreu podría estar retrasando la apertura de juicio oral, a la espera del pronunciamiento definitivo que sus superiores jerárquicos hagan sobre la situación de los órganos supervisores. El resto parece claro: 31 exmiembros del consejo de administración de Bankia, junto al auditor, serán juzgados por sendos delitos de falsedad en las cuentas anuales de 2010 y 2011, y también fraude a los inversores por la información «engañosa» que se incluyó en el folleto de su polémica salida a Bolsa en julio de 2011. Junto a ellos estarán, como personas jurídicas, la entidad y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Es lo que resolvió el propio instructor al concluir la investigación el 11 de mayo, y mientras algún perjudicado actúe contra ellos no se salvarán del banquillo como determinan las normas del procedimiento abreviado. Esa es la pretensión ya formulada por la gran mayoría de las 44 acusaciones del caso, muchas particulares y algunas populares.

Solo la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía y accionista principal de Bankia (controla el 65% de sus títulos), han limitado el alcance de las responsabilidades penales por el fiasco de su salida al mercado. Piden que se abra juicio solo contra Rodrigo Rato, presidente del banco en aquella época, y los cuatro consejeros con poder ejecutivo que aprobaron sus estados financieros de aquel año (2011).

Son José Luis Olivas, exvicepresidente de BFA y Bankia, y antes máximo responsable de Bancaja y Banco de Valencia; José Manuel Fernández Norniella, exconsejero ejecutivo del banco; y Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia. Para ellos piden sendas penas de cuatro, tres y dos años y siete meses de prisión, frente a los cinco y 60.000 euros de multa que solicitan para Rato.

Al resto de miembros del órgano de administración les dejan fuera al no apreciar ese delito de falsedad en las cuentas de Bankia, motivo por el cual tampoco considera responsables civiles a la entidad, su matriz y el auditor, Deloitte. Para ellos, la clave reside en que solo hubo información «incompleta y deficiente».

El fiscal -secundado por el FROB- no ahorra reproches para Rato, al que acusa de ser «plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de BFA/Bankia» y de su «debilidad financiera». También de aprovecharse de su «prestigio» -antes de dirigir Caja Madrid, y luego el banco, fue ministro de Economía y también responsable del FMI- para «encarnar el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas» de la entidad, «muy alejadas de la realidad».

Por eso sí ven razones para atribuirle a él y sus más allegados un delito societario, en calidad de administradores que «falsearon la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión..., con el propósito de captar inversores o depositantes». Pero nada de falsedad como delito aparte en las cuentas anuales de 2010 y 2011 puesto que -esgrimen-, al no ser objeto de auditoría ni ser aprobadas por sus juntas generales, «nunca entraron en el tráfico jurídico mercantil».

Un defecto formal que, a su juicio, hace que «carezcan de potencialidad lesiva», pese a que sí coinciden en parte con la crítica de los peritos judiciales, que detectaron «irregularidades» y «omisiones». Sin embargo, les contradicen al sostener que el banco sí disponía en marzo de 2011 de un colchón de 3.027 millones, fondos «materialmente suficientes» para hacer frente a los ajustes denunciados por esos expertos.

Por el contrario, para la gran mayoría de las acusaciones el trabajo de los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets resulta plenamente válido. También para el juez, que ha apoyado en ellos buena parte de sus conclusiones y sostiene que tanto los estados financieros de 2010 y 2011, como las cuentas anuales del segundo, fueron «maquillados» para su aprobación y «no reflejaban su imagen fiel».

Una infracción «grave» que «afectó seriamente a la estabilidad del sistema financiero y perjudicó la economía nacional», censura Andreu. Por eso algunas acusaciones piden, en conjunto, 363 años de prisión para los 32 acusados. La pena más alta, de 12 años y medio, sería para Rato y quien fuera su mano derecha, Fernández Norniella. «Sin su engaño no se habría invertido un solo euro en Bankia», concluyen.

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