La Rioja

Un juez cree que Ron se autocontrató en el Popular de forma «fraudulenta»

  • Rechaza su demanda para que le indemnicen por despido, mientras su sucesor renuncia a cuatro millones que pactó recibir si dejaba el cargo

madrid. El expresidente de Banco Popular, Angel Ron, sobre cuya polémica gestión se centran la mayoría de las demandas civiles y querellas penales presentadas hasta la fecha por accionistas y bonistas que han perdido toda su inversión tras su venta al Santander por el precio simbólico de un euro, ha sufrido un varapalo judicial. El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha rechazado su demanda por despido improcedente y, aún peor, deja en entredicho algunas actuaciones suyas.

En concreto, el magistrado José Pablo Aramendi muestra en un fallo publicado ayer sus «sospechas» de que Ron habría incurrido en «una posible autocontratación fraudulenta». Se basa en el análisis del «pacto» que suscribió con el banco el 25 de febrero de 2015, tras 13 años como consejero delegado y más de siete después de asumir la presidencia, para que se le reconociera «con efectos retroactivos» que la relación laboral que mantenía hasta su integración en el consejo de administración en marzo de 2002 «quedó formalmente en suspenso».

En apariencia, podría resultar algo normal pero, tras revisar su vinculación laboral con la entidad financiera, el juez ha descubierto el verdadero motivo. Desde su nombramiento como consejero en 2002 dejó de tener una relación laboral, y también de alta dirección (la mantuvo entre 1999 y aquel año como director general), puesto que el vínculo era «directamente mercantil».

El Estatuto de los Trabajadores excluye expresamente de su protección a los consejeros que se limiten a los «cometidos inherentes al cargo», como era el caso de Ron. Asimismo, considera que la relación contractual que tuviera antes, en teoría suspendida desde que en 1999 ascendió a la dirección general, quedó extinguida a los dos años de su entrada en el órgano de administración (2004), plazo que prevé la normativa laboral cuando no existen pactos al respecto entre las partes.

Para el magistrado «resulta significativo» que Ron «nada dijera» entonces «en relación a la pretendida suspensión de la relación laboral común» y, sin embargo, «años más tarde» cuando «ya ocupa la cúspide de dicho consejo» «sea cuando» quiso «revivirla» con efectos retroactivos. La resolución judicial es clara al respecto, y considera que lo acordado en 2015 con el banco -mirando a una posible indemnización- «carece de validez» porque «en ese momento» el vínculo anterior «estaba extinguido» y, por tanto, «era imposible dejar suspendido algo inexistente».

«No puede resucitarse», abunda el juez, una relación laboral que «el propio demandante nada hizo para recuperar» durante años, pese a ser consciente de que desde su ascenso a la alta dirección su vinculo había pasado a ser societario (mercantil).

Ron, que según fuentes del caso pretendía obtener una indemnización laboral de hasta 4,3 millones aunque su defensa la rebaja a 350.000 euros, recurrirá el fallo.

Por el contrario, su sucesor como presidente, Angel Saracho, piensa renunciar a la indemnización de cuatro millones que por contrato le correspondía si cesaba en el cargo. Según su entorno, lo hará -aún no lo ha comunicado al Santander- «por coherencia con lo ocurrido con el Popular». No obstante, sí recibió una prima de cuatro millones al ser nombrado presidente hace tres meses.

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