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D. VALERA
Viernes, 16 de junio 2017, 00:16
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madrid. La economía sumergida en España equivale al 16% de la actividad del país, lo que supone 168.000 millones que se escapan a los ojos de la Agencia Tributaria. Una cuantía no declarada que produce 25.648 millones de fraude fiscal. Al menos esa es la estimación realizada por el Consejo General de Economistas Reaf-Regaf en un estudio presentado ayer. Esa cifra de fraude es inferior a otras planteadas anteriormente por otros investigadores que elevaban hasta los 40.000 millones las cantidades defraudadas debido a una proyección más elevada de la economía sumergida cercana al 20%.
Sin embargo, el estudio del Consejo de Economistas parte de la base de que no toda la economía sumergida equivale a fraude fiscal, puesto que sólo debería tributar una parte de esa actividad no declarada que en España sería de 102.000 millones. En este sentido, los autores del documento estiman que debería soportar un gravamen medio del 25%. Esto da lugar a un impacto en la recaudación de 25.648 millones procedente del fraude (lo que debería tributar y no lo hace). Una cifra que uno de los responsables del estudio, Jesús Quintas, consideró «más realista» que otras cantidades más elevadas aportadas por otros estudios que no delimitan claramente la diferencia entre economía sumergida y fraude. Asimismo, Quintas explicó que el porcentaje de fraude estimado en España en su estudio es similar al de países como Alemania o Dinamarca.
El informe realiza hasta 20 propuestas para luchar contra la economía sumergida. Entre ellas se incluye la necesidad de educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario. También mejorar la explotación de la información en poder de la Agencia Tributaria. Además, apuesta por aumentar las actuaciones preventivas, por ejemplo, en el envío de cartas informativas a contribuyentes con cierto tipo de ingresos.
Asimismo, aboga por potenciar la utilización de medios de pago electrónicos que facilitan el control de operaciones y realizar un seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes regularizaciones. Por su puesto, profundizar en la cooperación internacional mediante el intercambio de información y defienden «facilitar la regularización tributaria» por los contribuyentes con unos costes inferiores a los de la regularización por la administración.
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