La Rioja

Primera querella colectiva contra la anterior cúpula por la caída de la entidad

  • El juez del caso Bankia será quien decida si investiga las demandas que han llegado a la Audiencia Nacional para defender a los accionistas

madrid. Aún no ha transcurrido la primera semana desde que Banco Popular pasó a manos del Santander en una sola noche y la anterior cúpula de la entidad encabezada por Ángel Ron ya ha recibido la primera demanda judicial por parte de una asociación que pretende representar a los pequeños inversores perjudicados por la resolución del banco y la consiguiente pérdida de sus títulos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de falsedad contable y estafa al pequeño ahorrador con la que quiere que se resarzan los derechos de estos ciudadanos atrapados en los títulos que poseían de la entidad.

Lo han hecho contra el que fue presidente del Popular hasta febrero, Ángel Ron, y el resto de la cúpula que le acompañó hasta ese momento: el consejero delegado desde el mes de julio del año pasado, Pedro Larena; el vicepresidente de la entidad, Roberto Higuera; la empresa que auditó las cuentas de la entidad, PriceWaterhouseCoopers (PwC); además del socio firmante de esas auditorías. Es decir, la OCU se querella contra la dirección anterior a la que ha estado al frente del grupo financiero cuando se ha producido el declive bursátil y la posterior intervención.

Desde la organización alegan que tanto los accionistas como los bonistas perjudicados por este desenlace «habían invertido con unas cuentas que no eran reales», detalló ayer la portavoz de la asociación, Iliana Izverniceanu. De hecho, consideran que hubo «vicio de consentimiento» por parte de la entidad ante episodios como la ampliación de capital llevada a cabo hace ahora un año por 2.500 millones en la que participaron muchos minoritarios.

La querella debería ser admitida a trámite por la Audiencia Nacional para seguir su desarrollo judicial. Precisamente será el juez Fernando Andreu quien decida si investiga las tres demandas que ya se han presentado hasta ahora por la quiebra del Popular, según fuentes jurídicas. Este magistrado fue quien ha dirigido la instrucción del caso de la salida a Bolsa de Bankia. Se trata de un conflicto que ya está pendiente de la apertura de juicio oral para determinar responsabilidades por aquella operación bursátil.

Acumulación de actuaciones

Además de la querella de la OCU, hasta la Audiencia Nacional han llegado otra querella y una denuncia al hilo del rescate del Popular. En concreto, el bufete Durán y Durán reclama en su denuncia una investigación contra el expresidente, Emilio Saracho, por considerar que «ocultó a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía». Por otra parte, Fonfría Abogados ha presentado una querella en nombre de un cliente del banco contra el último consejo y la firma auditora por una «conducta fraudulenta conducente al engaño y la difamación de información contable falsa».

Además, la organización Adicae anunció ayer que podría emprender acciones legales contra el Popular, y sopesa la posibilidad de presentar una demanda colectiva por los daños causados «a estos millares de pequeños inversores», en la que ya trabajan los servicios jurídicos. Su objetivo es que se aclare la «extraña maniobra de intervención y venta» de la entidad.

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