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El consejero delegado del Popular dimite tras el desembarco del nuevo presidente

La salida de Pedro Larena, nombrado en 2016 por el predecesor de Saracho, llega el día en el que el banco prevé más pérdidas por las nuevas dotaciones

JOSÉ M. CAMARERO

Martes, 4 de abril 2017, 01:04

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El liderazgo de Pedro Larena, el último consejero delegado de la era de Ángel Ron al frente de Banco Popular, ha durado apenas ocho meses desde que se anunciara su nombramiento; medio año desde que asumiera el cargo; y apenas 43 días desde que Emilio Saracho fuera nombrado presidente de la entidad en sustitución de Ron. El ejecutivo anunció ayer su dimisión «por motivos personales», según indicaba el hecho relevante remitido a la CNMV por la corporación. Aunque fuentes del sector indican que su salida era inevitable tras la llegada del nuevo presidente y el grupo de directivos que le acompañarán para afrontar esta nueva etapa.

Con la llegada de Saracho, se han incorporado figuras como Miguel Escrig, director general adjunto a la presidencia desde el 8 de marzo. Su designación habría relegado parte de las funciones de Larena como consejero delegado, lo que habría supuesto el detonante de su salida del banco. Escrig procedía de Telefónica, donde fue el responsable financiero, aunque había trabajado con Saracho en la firma de inversión JP Morgan.

Parte del sector había asumido ya que Larena tenía los días contados en Popular después de que se materializara la salida del presidente que le nombró, Ángel Ron, el 3 de febrero, tras reconocer unas pérdidas cercanas a los 3.500 millones en 2016. El todavía consejero delegado -se mantendrá en el cargo hasta el nombramiento de su sustituto, según aclaró ayer el banco- llegó a la entidad apuntando que Popular era «un bancazo», para insuflar confianza ante la debilidad de un grupo que acababa de completar una ampliación de capital por 2.500 millones.

En su breve estancia al frente del banco, Larena ha hecho frente a la liquidación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que se dejó casi 2.600 puestos de trabajo por el camino. Además, ha tenido que capear el montante de activos tóxicos que lastran el balance, y de los que pretendía despojarse de 6.000 millones a través de Sunrise, una nueva sociedad que los aglutinaría. Se trata de una cuestión que aún no está resuelta y que Saracho sigue estudiando sin estar muy convencido de ella. El próximo día 10, el banco celebra la junta ordinaria de accionistas de 2017, tras la extraordinaria de hace un mes y medio en la que se ratificó al nuevo presidente.

La asamblea de los accionistas de Popular llega en un nuevo contexto de incertidumbre para el banco, porque a la renuncia de Larena se une el reconocimiento que ayer mismo hizo el banco sobre la modificación de sus cuentas anuales. Popular asume ahora que deberá contabilizar «insuficiencias» en determinadas provisiones y que supondrá la digestión de 633 millones más en dotaciones.

La acción cae un 10%

El año pasado, el banco ya registró unas reservas para hacer frente a todo tipo de insolvencias que ascendieron a 5.692 millones y que provocaron las pérdidas millonarias en su cuenta de resultados. En esta ocasión, aunque desde la entidad indican que «en ningún caso» representan un impacto «significativo» para los resultados de 2016, sí que influirán en los de este año. El banco incluirá estas correcciones en las cuentas del primer trimestre de 2017, por lo que se prevé que Popular vuelva a cerrar ese periodo en negativo.

Estos acontecimientos impactaron ayer en la cotización de los títulos del banco, que perdieron un 10,4%, hasta los 0,81 euros por acción. En lo que va de año cede un 16%.

La nueva clasificación de dotaciones se concentra en cuatro grandes grupos. Por una parte, el auditor de Popular observa «insuficiencia» en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones. A ello se suma una «posible insuficiencia» de las asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que ascendería a unos 160 millones.

También ha detectado la «posible obligación» de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones. Además, existen determinadas financiaciones ofrecidas a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe rondaría los 205 millones.

Con toda esta reformulación de las provisiones, se prevé que la ratio de capital a 31 de marzo se sitúe entre el 11,7% y el 11,8%, siendo el requerimiento aplicable al grupo, por todos los conceptos, del 11,37%, frente al 13,4% actual.

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