La Rioja

El tiempo de pago a proveedores se reduce a la mitad en cinco años pero todavía incumple la ley

  • Pymes y autónomos piden al Gobierno un régimen sancionador para las administraciones y empresas que excedan el límite de 30 y 60 días

Las facturas olvidadas en los cajones de la administración pública y de las empresas privadas se dispararon durante la crisis y tuvieron como principales damnificados a los proveedores, especialmente autónomos y pymes. De hecho, un 30% del medio millón de las pequeñas y medianas empresas que se perdieron en este contexto se debió a la morosidad. Las distintas medidas puestas en marcha desde el Gobierno han conseguido que el plazo de pago en el sector público se reduzca más de la mitad (56%) en cinco años, al pasar de los 162 días de 2011 a los 71 de 2016, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

En el ámbito privado la evolución también ha sido positiva aunque su reducción ha sido menor. En concreto, ha descendido de los 98 días a los 77 días en el mismo periodo, lo que supone una mejora del 21,5%. En conjunto (público y privado) el plazo cayó la mitad. Sin embargo, en ambos casos el tiempo se sitúa todavía por encima del marco legal de 30 días para la administración y 60 para el sector privado. Por ese motivo, los autónomos y las pymes insisten en la necesidad de implantar un régimen sancionador.

El primer paso para tratar de corregir este problema lo dio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la aprobación de la Ley de Morosidad en 2010, que, entre otras cosas, fijó un periodo máximo de pago para la administración pública y el sector privado. La normativa anterior -de 2004- contemplaba el acuerdo entre las partes. Algo que pymes y autónomos denunciaron al considerar que favorecía a las grandes compañías porque podían imponer a sus proveedores plazos de pago muy largos y abusivos debido a su posición dominante.

Sin embargo, con la recesión el volumen de deuda pendiente de cobro se multiplicó. Según datos del Banco de España, las administraciones públicas justo antes de la crisis, en 2007, tenían obligaciones pendientes de pago consolidadas por valor de 57.100 millones, el equivalente al 5,3% del PIB. Una cifra que se disparó hasta los 87.300 millones en 2011 (8,1% del PIB). El grueso de esa deuda comercial (75%) correspondía a las comunidades y a las corporaciones locales. «Entre 2008 y 2012 hubo un descontrol. La administración se financió a través de los proveedores. Hubo muchas facturas en los cajones», señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA). La antigüedad media de las facturas pendientes era de 300 días. Para entender el impacto que supuso esa morosidad, Amor destaca que en ese periodo se perdieron hasta 300.000 actividades.

Para atajar esa deuda el Gobierno ya de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 el Plan de Pago a Proveedores, que se prolongó hasta 2014. A través de este mecanismo extraordinario de financiación Hacienda inyectó 42.000 millones a las comunidades autónomas para que hicieran frente a esas facturas atrasadas. De hecho, el pago medio de la administración regional a los autónomos pasó de los 160 días a los 64 actuales, según ATA. También los ayuntamientos han reducido de 127 días a 80. En cualquier caso, supone más del doble que el límite legal.

El Ibex, el que más tarda

La situación en el sector privado también ha mejorado, pero sigue en un nivel elevado de morosidad con los proveedores. Así, la deuda comercial con retraso de pago (más de 60 días) de las empresas en el tercer trimestre de 2016 alcanzó los 202.218 millones, según el último boletín de la morosidad de Cepyme. Una cifra que es un 11% inferior a la registrada en el peor momento de la crisis. Aun así, supone que el 72% de la deuda comercial excede el plazo legal. Además, la reducción no es homogénea y son las pymes las que, precisamente, antes pagan sus facturas. En concreto, las microempresas (1 a 9 empleados) tardan 75,6 días, mientras que las medianas (50 a 249 trabajadores) lo hacen en 83 días. Pero son las empresas del Ibex las que disparan el periodo hasta 169 días.

«Hacemos un balance positivo. Desde que está la Ley de Morosidad los plazos se han reducido», explica Amor. Sin embargo,el presidente de ATA recuerda que todavía la normativa no se cumple y pide al Gobierno un régimen sancionador. Una opinión que comparte el presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete: «Incumplir la ley sale gratis en este país».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado a favor de implantarlo y también anunció hace unos meses en el Congreso que castigará fiscalmente a las grandes empresas que tarden en pagar a los proveedores. «No le doy ninguna credibilidad a esa promesa porque el ministro se ha comprometido por tres veces y no lo hace», señala Cañete. Además, el presidente de la PMcM resalta que en el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos también se incluyó esta medida. Y destaca que en países como Francia ya existe este modelo y se aplica sin dificultades.