La Rioja

El Congreso tumba la reforma de la estiba del Gobierno y deja a España al borde de otra multa

Los estibadores celebran en la tribuna de invitados del Congreso la derogación del decreto aprobado por el Gobierno. :: efe
Los estibadores celebran en la tribuna de invitados del Congreso la derogación del decreto aprobado por el Gobierno. :: efe
  • De la Serna culpa a la oposición de hacer pagar «del bolsillo» de los ciudadanos una sanción de 134.000 euros diarios por ignorar una sentencia

El Gobierno perdió ayer el pulso que mantenía con los sindicatos de la estiba y los partidos de la oposición después de que el Congreso tumbase el decreto de liberalización del sector. Y lo hizo con holgura, ya que se registraron 175 votos en contra de la convalidación de la norma frente a los 142 a favor de PP y PNV y a las 33 abstenciones de Ciudadanos (más Íñigo Errejón por error). Es la primera vez desde 1979 que la Cámara baja no valida un decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, lo que da una idea del varapalo sufrido por el Ejecutivo y de su debilidad parlamentaria.

De nada sirvieron las reiteradas apelaciones del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, durante su discurso a que la reforma respondía a la necesidad de cumplir con una sentencia del Tribunal Europeo de la UE y del coste de 134.000 euros diarios que tendría la multa por ignorar el fallo. Argumentos que no impidieron la derogación del decreto y que dejan a España al borde de una nueva sanción.

De la Serna lamentó el resultado de la votación, pero insistió en que el Gobierno tiene «la conciencia tranquila» porque ha hecho «todo lo posible» por lograr un acuerdo. Por contra, reprochó que la postura de la mayoría de los grupos «aboca a los españoles a pagar una sanción muy importante». De hecho, España ya acumula un castigo de casi 23 millones de euros como consecuencia de una primera multa diaria de 27.500 euros a contar desde la sentencia de finales de 2014. El riesgo al que se refiere el Gobierno es que a partir del 24 de marzo -fecha en la que se cumplían los 30 días para convalidar el decreto- puede producirse en cualquier momento una segunda sentencia que incremente la sanción a los 134.000 euros.

Sin embargo, la última oferta puesta sobre la mesa por Fomento también tenía un coste para los ciudadanos. Y es que además de «garantizar el 100% del empleo» contemplaba ayudas públicas a los trabajadores con más de 50 años que se prejubilasen y que mantendrían el 70% del sueldo. Una medida que tendría un coste de unos 575 millones para las arcas del Estado.

En cualquier caso, el ministro explicó que el decreto podía haberse aprobado y después«transformarse en un proyecto de ley» para incluir las enmiendas de los grupos. Sin embargo, denunció que la única propuesta de la oposición «era la de dar un palo al Gobierno pagado por el bolsillo de todos los españoles».

De hecho, De la Serna fue más allá al considerar que «el mayor obstáculo» para que patronal y sindicatos lograsen un acuerdo fue el que «se anunciara la posición negativa de apoyar el decreto por algún grupo», en referencia al PSOE. «Cuando un sector tiene monopolio y los grupos les garantizan que van a seguir así, para qué van a ceder», sentenció.

Riesgo de deslocalización

El titular de Fomento insistió en varias ocasiones en que la normativa cumplía «estrictamente la sentencia y la flexibilizaba al máximo en favor de los trabajadores». En este sentido, De la Serna aseguró que el Gobierno ha buscado conjugar los deseos de Bruselas para liberalizar el sector con la garantía del mantenimiento del empleo del sector.

Por último, el ministro resaltó que los puertos españoles tienen un problema de «productividad» y advirtió de que el conflicto ya ha provocado desvíos transitorios de mercancías. A su juicio, lo preocupante es que ese desvío «sea definitivo» si las empresas deciden trasladarse a otro países porque no pueden contratar de forma «libre». «Eso sí llevaría a la pérdida de empleos», insistió.

Sin embargo, desde el PSOE afearon al Gobierno que no contara con los trabajadores para realizar el decreto. Así, el portavoz de Fomento socialista, César Ramos Esteban, tachó la última propuesta presentada por el Ejecutivo como una «trampa» que generaba «más confusión». Pero hizo un llamamiento a patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo. Desde Unidos Podemos calificaron la reforma de «salvaje». «Es una palmada en la cara de los sindicatos y del sector», aseguró el portavoz de la formación, Félix Alonso Cantorné. También se opusieron ERC y PDeCAT, Coalición Canarias y Compromís.

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