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La UE y la OCDE cercan a los paraísos fiscales

Renovarán este año su lista negra basada en criterios como el intercambio automático de información

DAVID VALERA

Lunes, 20 de febrero 2017, 00:55

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madrid. Cuando estalló el escándalo de los 'papeles de Panamá', donde miles de personalidades crearon sociedades 'offshore' para ocultar su patrimonio a Hacienda, este país centroamericano no estaba calificado como paraíso fiscal por España. Tampoco Suiza, epicentro de la denominada 'lista Falciani'. Menos aún Luxemburgo, protagonista del 'caso luxleaks', en el que el Gobierno del entonces primer ministro Jean-Claude Juncker -hoy máximo responsable de la Comisión Europea- llegó a acuerdos secretos con multinacionales para tributar menos (algunas apenas un 1%). Aunque la naturaleza de cada uno de estos casos es distinta, todos tienen en común la elusión del pago de impuestos a través de sistemas opacos.

Es ahí donde ahora las organizaciones internacionales como la OCDE y numerosos gobiernos se preparan para mover ficha y avanzar con un paquete de medidas basadas en el intercambio automático de información para fomentar la transparencia. De hecho, la UE prepara un nuevo listado para finales de este año que exigirá como novedad una cooperación activa a los estados para no ser incluidos.

Según Oxfam Intermón, las empresas del Ibex tienen 810 filiales radicadas en territorios de baja tributación, lo que no significa que sea ilegal. De hecho, la mayor parte se encuentran en países que no están considerados por España como paraísos fiscales. Y es que el sistema para salir de estas listas negras se ha demostrado ineficaz.

El criterio seguido hasta ahora por la OCDE era que para no ser catalogado como paraíso fiscal era necesario tener firmados acuerdos de intercambio de información. Ese fue el modelo seguido por España y la razón por la que la lista elaborada por Hacienda en 1991 con 48 países haya menguado a 32 territorios en la actualidad. Así, han abandonado tal condición Andorra, San Marino, Bahamas o Panamá. De hecho, el Gobierno ha firmado recientemente un acuerdo con las islas del Canal (Jersey, Guernsey y Man), famosas por aparecer como destino de cuentas bancarias en numerosos casos de corrupción. De esta forma, si se mantiene el mismo criterio, en breve también dejarán de ser paraísos. «La firma de un intercambio de información no garantiza que ese acuerdo vaya a ser efectivo», explica Miguel Alba, responsable de Oxfam Intermón.

De hecho, el problema que se ha encontrado la Agencia Tributaria al reclamar información sobre una persona es que no puede hacerlo de forma genérica, sino que debe ser una petición concreta al banco en el que sabe previamente que tiene una cuenta. Además, Hacienda tiene que demostrar que se investiga a ese contribuyente por un delito fiscal que a veces no contempla la legislación del país de destino, lo que complica el proceso. La solución propuesta por varios países es el intercambio automático de información. Hasta ahora lo han firmado un centenar de gobiernos, entre ellos España, y empezará a funcionar este año.

Desde Oxfam reconocen que la crisis ha provocado una «mayor sensibilización» sobre estos asuntos. «Se han puesto de manifiesto abusos de grandes empresas y eso ha provocado un clamor para exigir una mayor rendición de cuentas», asegura Alba. En este sentido, consideran que el intercambio automático de información es una de las medidas «imprescindibles» para avanzar. «Son pasos lentos, pero somos razonablemente positivos», afirma.

Tres criterios

Otro mecanismo clave que se pondrá en marcha este año tiene como protagonista al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, dependiente de la OCDE, que prepara un 'rating' de países según su transparencia y grado de cooperación fiscal. De esta forma, clasificará a los territorios en función de si son cumplidores o no cumplidores. Es decir, por primera vez se examinará el grado de compromiso de los países. Esta nota será uno de los tres criterios que utilizará la OCDE para su renovada lista de paraísos fiscales. Los otros dos harán hincapié en si tienen un acuerdo de intercambio automático y si han adoptado el convenio multilateral impulsado por este organismo y que busca estandarizar estos acuerdos para evitar diferentes interpretaciones. Los países que sólo cumplan dos de estos criterios serán considerados no cooperantes y formarán parte de la lista.

Por su parte, la UE también ha reaccionado a los diversos escándalos con la elaboración de una lista común hasta ahora inexistente. En septiembre ya publicó el nombre de 44 países o territorios candidatos a ser considerados paraísos fiscales. Entre ellos se encuentran lugares tradicionales como Islas Vírgenes o Andorra, pero también otros menos habituales como el estado de Delaware en EEUU, Brasil, Turquía o Israel. Sin embargo, se excluyen territorios de la UE, algo que ha sido criticado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) al considerar que «nace de forma incompleta» por este motivo. De hecho, esto impide que territorios como Gibraltar formen parte. En cualquier caso, cada Estado miembro podrá completar esa lista. Habrá que esperar para ver hasta dónde se cierra el cerco a los paraísos.

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