El Banco de España se aferra al caos financiero de 2011 para justificar su actuación en Bankia

La Comisión Ejecutiva del Banco de España publicó ayer un comunicado en el que sostiene que las decisiones con respecto al proceso de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia, materializada en julio de 2011, se ajustaron «en todo momento (...) a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general». Además, el supervisor considera que también se actuó bajo «el cumplimiento de la normativa» vigente en ese momento.

Estas referencias a la necesidad de preservar el equilibrio del mundo financiero en aquel momento; y el alegato en favor de las actuaciones por el bien común de la sociedad, frente a otras alternativas, marcan la estrategia de defensa pública del Banco de España con los imputados por la Audiencia Nacional. De los ocho investigados, seis formaron parte del organismo, entre ellos Fernández Ordóñez, y el subgobernador, Javier Aríztegui. El órgano de dirección aceptó ayer las renuncias de Mariano Herrera, director general de Supervisión; Pedro Comín, director general adjunto de Supervisión, y el inspector Pedro González.

La ejecutiva del supervisor -integrada por Linde, el actual subgobernador Javier Alonso y dos consejeros- ha mostrado su apoyo a los responsables del organismo investigados al manifestar «su plena confianza» ante las actuaciones que a partir de ahora desarrollará la Audiencia Nacional. Sin embargo, el abogado de la Confederación Sindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular del caso, Andrés Herzog, ha criticado esta defensa por actuar «como si todo fuera normal» en este caso.

El gobernador sostenía recientemente ese mismo argumentario en defensa del papel que jugó la institución en la vorágine de la crisis del sector bancario, ante las críticas por su protagonismo y las consecuencias de la misma para los contribuyentes y el sistema. Para Luis María Linde, la estrategia que se tomó con Bankia quería evitar «la quiebra en cadena de un buen número de entidades financieras», además de contener la contaminación a todo el sector, provocada por una crisis de confianza en la banca que habría sido demoledora. De hecho, a pesar de la tensión vivida en el mercado en aquella época, ningún otro país de Europa se dejó influir en otro sentido ante el temor a una crisis basada en la certidumbre de los clientes con sus entidades financieras

Además de insistir en esa defensa de la estabilidad del sector, el comunicado del Banco de España desliza que no había otro camino viable a las posibilidades que se planteaban actuar con Bankia.

Porque dejar caer al grupo «habría tenido un efecto demoledor», según ha sostenido recientemente el gobernador. Si esa hubiera sido la opción, las pérdidas se habrían repartido entre los depositantes, pero también podrían haber llegado a los contribuyentes, al tener que financiar el Estado el Fondo de Garantía de Depósitos -que cubría 100.000 euros por cuenta y titular-, ante la imposibilidad de que esta herramienta pudiese respaldar por entonces todos los ahorros de los clientes de las diferentes entidades financieras integradas en el grupo.

Un amplio frente judicial

Con esta teoría del 'mal menor', desde el Banco de España respaldan a sus antiguos directivos, a la espera de nuevas actuaciones judiciales. Los ocho imputados serán llamados a declarar previsiblemente a corto plazo por el juez Fernando Andreu. La acusación no tiene dudas de que el magistrado acabará dictando la apertura de juicio oral contra las cúpulas del regulador y supervisor, a la espera de la postura que tome el fiscal, Alejandro Luzón, hasta ahora contrario a la imputación de este grupo de altos directivos.

La investigación ha abierto la posibilidad de que se activen otras causas relacionadas con Bankia, como la de la comercialización de sus participaciones preferentes. La organización de consumidores Adicae ha anticipado que exigirá «de inmediato» a la Audiencia Nacional que active la pieza separada que investiga la colocación de estos productos. Para la asociación, las preferentes fueron un «fraude masivo diseñado por la dirección del banco y permitido por los supervisores para enmascarar la quiebra» de la firma.