La Rioja

El juez Fernando Andreu, a la salida de la Audiencia Nacional. :: j. g
El juez Fernando Andreu, a la salida de la Audiencia Nacional. :: j. g

La justicia encaja las últimas piezas del puzle sobre la salida a Bolsa de Bankia

  • La Sala de lo Penal estima que ya existen «indicios bastantes» para cerrar la instrucción y preparar la apertura de juicio oral

madrid. La Audiencia Nacional no quiere que la investigación sobre la polémica salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 se alargue mucho más de los cuatro años y medio largos que lleva abierta, aunque eso sí con altibajos en sus ritmos de trabajo. Por ello, pese a ordenar que se tome declaración a ocho ex altos cargos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha rechazado practicar otras pruebas solicitadas por una de las acusaciones populares de este caso.

La Confederación Intersindical de Crédito quería que testificara de nuevo el jefe del equipo de inspectores del BdE en Bankia, José Antonio Casaus, y por vez primera la responsable del área de colaboración entre el supervisor y los órganos judiciales, María Ortega. Pero para la Sala de lo Penal ambas comparecencias resultan «innecesarias», al igual que requerir al Banco todas sus comunicaciones con ellos por resultar «manifiestamente excesivo».

Y es que los magistrados dejan traslucir su claro deseo por que la fase instructora se cierre cuanto antes. Para ello, advierten, «basta con la práctica de las diligencias indispensables para formular acusación, esto es, para comprobar que existan suficientes indicios». Esas, dan a entender, ya estarían resueltas -a la espera de interrogar a las antiguas cúpulas del BdE y la CNMV- con la primera declaración de Casaus, los correos de su equipo de inspección, el testimonio del anterior presidente de Bancaja (José Luis Olivas), los informes de seguimiento del supervisor y las periciales del juzgado.

«El alargamiento» de la investigación resulta para ellos, por tanto, «innecesario». No obstante, previenen a las partes personadas de que si desean proponer nuevos testigos pueden hacerlo, «ex abundantia», como prueba ante el juicio oral. Este podría celebrarse ya en 2018, pues por mucho que quiera apresurarse el juez instructor, Fernando Andreu, todavía tardará varias semanas en resolver los flecos pendientes.

Uno de ellos es saber si finalmente los dos peritos judiciales, los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez, presentarán una actualización de sus conclusiones a la luz de los datos apuntados por sus compañeros que revisaban las cuentas de Bankia meses antes de la salida a Bolsa.

El instructor les ha venido respaldando en casi todas sus actuaciones, incluido cuando dijeron que las provisiones genéricas por insolvencia que supuestamente compensarían gran parte de las pérdidas de 7.619 millones del banco serían «falsas» al «no aparecer en los estados financieros del folleto de la salida a Bolsa (31 de marzo de 2011)».

Al fin y al cabo, para el juez Andreu -que mantiene imputados a 43 ex altos cargos de Bankia y a su auditor- la principal clave del caso es si se falseó información, «engañando a los inversores, de manera que sufrieron un detrimento patrimonial que, de conocer la verdadera situación económico-financiera de la entidad, no se habría realizado».

Quejas de los afectados

De la polémica salida a Bolsa de Bankia aún quedan por cerrar otros flecos que afectan, fundamentalmente, a los inversores institucionales que han demandado a la entidad. Se trata de grandes compañías que, como Iberdrola, quieren recuperar las pérdidas originadas en la compra de sus participaciones, entre 70 y 80 millones según sus denuncias.

La eléctrica, que reclama 12,4 millones, argumenta que invirtió confiando en lo que decía el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS), pero se hizo «una representación errónea de la situación económica» de la entidad financiera.

A la espera de que se resuelvan esos casos -los jueces están distinguiendo el perfil de cada empresa, dependiendo de su tamaño y los conocimientos del sector-, otras firmas han preferido no acudir a los juzgados. Así ha ocurrido con Mapfre, cuyo presidente, Antonio Huertas, lo considera ya «un caso cerrado».

Muy diferente es el camino que tomó para compensar a los pequeños accionistas que se vieron atraídos por la OPS en 2011. Hace ahora un año, Bankia decidió devolver ese dinero para evitar la avalancha de casos judiciales a los que podría tener que hacer frente tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulaba la compra de acciones por parte de inversores particulares, a causa de «inexactitudes en el folleto». En total, reintegró 1.200 millones a las 190.000 personas que aceptaron esta solución extrajudicial.