La Rioja

Los jueces quieren habilitar tribunales especializados en conflictos bancarios

  • Se tratará de juzgados que asuman demandas como las de las cláusulas suelo a partir del 1 de junio para evitar el colapso del sistema

A pesar del procedimiento que el Gobierno ha puesto en marcha para solucionar el problema de las cláusulas suelo sin necesidad de que medie un juez, los propios tribunales quieren ponerse la venda antes de la herida para evitar el colapso de los juzgados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha anticipado a lo que consideran una posible «entrada masiva» de demandas de hipotecados contra sus bancos al pedir la creación de juzgados específicos para tratar los posibles abusos de las limitaciones de los tipos de interés o cualquier otro relacionado con la contratación de productos bancarios.

El órgano de gobierno de los jueces ha instado a habilitar este sistema para que en todas las provincias exista, al menos, un tribunal de primera instancia especializado en el tratamiento jurídico de las cláusulas suelo. Sus titulares deberán conocer «la materia relativa a las acciones previstas en torno a las condiciones generales de contratación y protección de consumidores», ha explicado el CGJP. La medida iría en consonancia con actuaciones anteriores similares para tratar temas polémicos como el de la colocación de las participaciones preferentes.

No se trata de crear un nuevo órgano sino de dedicar un tribunal existente para que asuma todas las materias de cláusulas suelo, condiciones de las escrituras, contratos financieros poco transparentes y otras variables que se están cuestionando en los últimos meses. Para ponerlo en marcha, necesita un informe favorable del Ministerio de Justicia, o de la comunidad autónoma si tiene competencia propia.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, anticipó hace dos semanas esta idea, plasmada ahora por el Poder Judicial. El ministro explicó que prefería la especialización de algunos tribunales, una opción que considera más operativa que la de repartir entre todos los juzgados del país las diferentes causas que les vayan llegando por este tipo de demandas.

El doble de demandas

El objetivo del Poder Judicial es que este sistema se ponga en marcha el próximo 1 de junio. Ese día finalizará el plazo con el que cuentan los bancos para responder a las primeras reclamaciones que hayan recibido después de que el Gobierno aprobara el 23 de enero el decreto por el que se habilitaba el mecanismo extrajudicial. Desde ese día, las entidades contaban con un mes para poner en marcha el mecanismo de reclamación; y a partir de ahí otros tres meses para responder a los planteamientos de los afectados. Si transcurrido ese tiempo no ofrecían respuesta, o si ésta no era aceptada, el cliente podía acudir a la justicia.

El Ejecutivo se apresuró a aprobar este proceso una vez conocida la resolución del Tribunal de Luxemburgo, el 21 de diciembre, sobre la retroactividad total de los suelos. El Gobierno quería evitar una entrada masiva de demandas contra la banca, porque podían colapsar el ya de por sí mermado sistema judicial.

Rafael Catalá ya estimó que si el millón y medio de afectados por los suelos acudía a los tribunales, estos recibirían el doble de demandas de las que asumen habitualmente en un ejercicio, con la consiguiente paralización de todos los procesos. Pero casi ningún banco, excepto Bankia y BMN, han aclarado qué posición están tomando con respecto a las devoluciones, más allá de estudiar «caso por caso» el reintegro, dependiendo del perfil del cliente.

Los juzgados especializados en conflictos bancarios se encontrarán abiertos en las 52 provincias, aunque no se descarta que haya más en territorios con mayor concentración de casos, como Madrid o Barcelona. Además, a cada uno de esos tribunales se adscribirán varios jueces que recibirían formación sobre la materia para «garantizar menores tiempos de respuesta», según el Consejo.

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