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El presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, en su comparecencia en el Congreso. :: R. C.
Las pensiones solo se incrementarán 36 euros de media al año hasta 2022

Las pensiones solo se incrementarán 36 euros de media al año hasta 2022

La Autoridad Fiscal estima que apenas se revalorizarán un 0,25% al año porque el déficit de la Seguridad Social será del 1,5% en ese periodo

LUCÍA PALACIOS

Jueves, 9 de febrero 2017, 01:01

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El déficit en la Seguridad Social va para largo y eso tendrá una seria repercusión en las pensiones, que se revalorizarán apenas un 0,25% anualmente -el mínimo que marca la ley- hasta 2022, según estimó ayer el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá. Es decir, las pensiones de jubilación sólo aumentarían 2,6 euros de media al mes (36 euros anuales) en los próximos cinco ejercicios. Una cantidad que se reduce a 1,6 euros mensuales en el caso de las prestaciones de viudedad. Además, el escaso incremento de las pensiones unido a una inflación media estimada del 1,8% a partir de 2018 provocará para este colectivo una pérdida de poder adquisitivo de siete puntos entre 2013 y 2022.

Escrivá argumentó que los números rojos de la Seguridad Social durante los próximos años limitará la revalorización de las pensiones a esa subida mínima. De hecho, el responsable del organismo fiscalizador estimó durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso que las cuentas de la Seguridad Social cerrarán 2016 con un desfase entre ingresos y gastos del 1,7% del PIB (18.000 millones de euros), el más alto de su historia, por lo que ve materialmente «inalcanzable» alcanzar el 1,4% pactado con Bruselas para este año «pese a la mejora de la economía». A su juicio, salvo que se tomen «medidas adicionales», el agujero de 2017 se mantendrá en los mismos niveles que el año anterior. Asimismo, pronostica que se situará alrededor del 1,5% del PIB hasta 2022, es decir, un desequilibrio de unos 16.000 millones anuales.

La demografía, los salarios, el empleo y el esquema institucional del sistema de pensiones, con una de las tasas de sustitución más elevada de Europa (suponen casi el 80% del último sueldo) son los responsables de este fuerte desequilibrio. «Este déficit se ha originado fundamentalmente por la evolución del gasto en pensiones mientras que las cotizaciones mantienen relativamente estable su peso en el PIB», aseguró Escrivá. Y eso que la AIReF calcula que las reformas de las pensiones de 2011 (hecha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y, «en menor medida», la del PP de 2013, que incluyó el factor de sostenibilidad y modificó el índice de revalorización, tendrán un «importante efecto sobre la evolución del gasto en pensiones», reduciéndose en torno a cinco puntos del PIB en 2050.

El experto va más allá y ve igualmente «difícil» que el déficit estructural del conjunto de las Administraciones Públicas baje del 2,5% en los próximos años, más de la mitad (el 1,5%) responsabilidad de la Seguridad Social, mientras que el Estado acumulará un desfase de medio punto, el mismo que las comunidades autónomas.

Para hacer frente a este agujero de la Seguridad Social, el responsable de la Autoridad Fiscal defiende que la «única forma» sería aportando al sistema cada año, durante la próxima década, un equivalente al 1,5% del PIB -que cifra en torno a los 15.000 millones de euros anuales- vía Presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del gasto.

«El resultado sería el reequilibrio del sistema y la revalorización de las pensiones por encima del mínimo del 0,25%», sostuvo Escrivá, quien resaltó que se daría «a costa de un aumento del gasto público en pensiones a medio plazo, que implicaría un incremento de la deuda, de la presión fiscal y/o reducción de otros gastos».

De momento, los sindicatos y el PSOE apuestan por financiar las pensiones mediante una cesta de impuestos y un aumento de las cotizaciones -UGT y CC OO apuestan por destopar las cuantías máximas-. Por su parte, el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad vayan a cargo de los Presupuestos.

En cualquier caso, Escrivá aprovechó su comparecencia para reclamar que las previsiones de ingresos y gastos que la Seguridad Social utiliza para calcular la tasa de actualización de las pensiones sean públicas, algo a lo que el organismo «se ha comprometido», y que sus previsiones de ingresos sean más realistas para que los objetivos de estabilidad no sean tan «extraordinariamente exigentes» como hasta ahora.

Financiar con más IVA

Otra de las voces que se escucharon ayer en la Comisión del Pacto de Toledo fue la del catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Lagares. Este experto -que presidió la comisión de expertos para la última reforma fiscal- propuso reducir al 10% las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores -ahora superan el 30%- y aumentar los tipos de IVA general (21%) y reducido (10%) entre dos y cuatro puntos para financiar el sistema de pensiones. Lagares advirtió de que el gasto en estas prestaciones puede alcanzar la mitad de los recursos públicos en un par de décadas.

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