La Rioja

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: efe
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. :: efe

Hacienda penalizará fiscalmente a las empresas morosas con sus proveedores

  • Montoro admite que 2017 será un año «difícil» por el ajuste de 16.000 millones para cumplir el déficit, aunque rechaza más medidas «adicionales»

Madrid. Las empresas que excedan el plazo legal de 60 días para pagar a sus proveedores podrán ser «penalizadas en materia tributaria». Ese es el anuncio que ayer lanzó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A su juicio es inaceptable «el abuso» de las grandes compañías a la hora de fijar las condiciones de financiación de las sociedades de menor tamaño. A pesar de que la ley marca un máximo de dos meses para hacer estos pagos, la morosidad de las multinacionales supera largamente esos límites que sufren principalmente autónomos y pymes.

En concreto, el plazo medio de pago de las empresas del Ibex se sitúa en los 169 días, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón de pymes. Es decir, las grandes compañías casi triplican el límite legal. Montoro aseguró durante su intervención en la comisión de Hacienda del Congreso que «hoy no tiene sentido» esta demora por la facilidad de financiación tanto en el mercado como a través de las entidades bancarias gracias a los bajos tipos de interés. Sin embargo, el ministro no entró en más detalles al asegurar que «ahora hace falta fijar los contenidos» de esa medida.

Tanto desde Cepyme como desde las organizaciones de autónomos siempre han reivindicado la necesidad de que el Gobierno impusiera sanciones a las grandes empresas que incumplieran el plazo máximo de pago. Sin embargo, hasta ahora la única iniciativa al respecto fue penalizar a estas compañías en los concesiones públicas.

Asimismo, el ministro de Hacienda también tuvo otro anuncio para estos colectivos al confirmar que estudia con la Agencia Tributaria medidas para que autónomos y pymes no se vean afectados por la eliminación de los aplazamientos de IVA aprobados en diciembre. Según anunció la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) el compromiso del Ejecutivo es mantener el límite de 30.000 euros de aplazamiento, aunque se reducirá el plazo de los 18 meses actuales a 12.

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció ante los grupos de la Cámara que 2017 será un «año difícil» por el ajuste de 16.000 millones necesario para reducir el déficit del 4,6% al 3,1%. El impacto de este escenario se tendrá que reflejar en los próximos Presupuestos Generales, que el ministro no ha dudado en calificar de «exigentes» por este motivo, aunque aseguró que no serán necesarias medidas «adicionales» a la subida de Impuestos Especiales (tabaco y alcohol)y de Sociedades aprobadas en diciembre.

Caída en Sociedades

Una de las claves para lograr cuadrar las cuentas públicas está en la recaudación tributaria. El ministro aseguró que los ingresos de IRPF el año pasado superarán los 72.000 millones y mantendrá el nivel precrisis recuperado en 2015. Asimismo mantuvo su compromiso de bajar este tributo este año. También el IVA cerrará 2016 con niveles superiores en 7.000 millones a los de 2007 hasta superar los 62.900 millones. Sin embargo, Montoro reconoció que la recaudación en Sociedades es todavía la mitad que antes de la crisis. Pese a todo, Montoro presumió de que el proceso de consolidación fiscal y el ajuste del gasto se ha realizado sin afectar a la protección social. Aseguró que mientras que el gasto publico en 2011 ascendió a 490.000 millones (45,8% del PIB) en 2016 se redujo en más de 15.000 millones.

Sin embargo, resaltó que pese a esta reducción el gasto social (educación, sanidad y protección social) el pasado ejercicio superó los 300.000 millones «por primera vez en la historia». Una afirmación que fue rechazada por la oposición al recordar que gran parte de ese incremento se debe al aumento de pensionistas con unas ayudas más elevadas y a las prestaciones por desempleo más numerosas.