La Rioja

La CEOE se plantea llevar al Constitucional la subida en Sociedades por su carácter retroactivo

  • La patronal cree que la medida, con la que el Gobierno espera ingresar 4.650 millones, no era urgente y atenta contra la «seguridad jurídica»

La CEOE aumenta la presión contra el Gobierno por la subida en el Impuesto de Sociedades aprobada el pasado 2 de diciembre con la que Hacienda espera ingresar 4.650 millones más. La patronal se está planteando llevar el decreto ley al Tribunal Constitucional por considerar que algunas de las medidas incluidas tienen un carácter retroactivo que atenta contra lo estipulado en la Carta Magna. Hasta ahora, la patronal había mostrado su enfado por estas modificaciones y había advertido del impacto en la credibilidad de España de cara a la inversión extranjera. Sin embargo, la organización que dirige Juan Rosell estudia ir más allá de las palabras y llegar hasta los tribunales. Una decisión que no es baladí, puesto que supondría enfrentarse al Ejecutivo en una medida que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considera clave para cumplir el objetivo de déficit de 3,1% pactado con Bruselas en 2017.

«La aplicación retroactiva de las medidas al ejercicio 2016 resulta incompatible con la seguridad jurídica», argumenta la CEOE en un informe publicado ayer sobre el impacto del decreto en Sociedades y su «encaje constitucional». El documento critica que los cambios legales introducidos que afectan a los resultados de 2016 se produjeran «a menos de un mes de la finalización del ejercicio». Es lo que Rosell calificó hace unos días como cambiar las reglas del partido «a última hora y mal». En este sentido, las medidas que mayor enfado han desatado en la patronal tienen que ver con la eliminación o reducción de deducciones cuyos efectos se aplican desde el mismo 3 de diciembre que el decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre ellas está la limitación de la compensación de las bases negativas, que se restringe al 25% para compañías con una facturación superior a 60 millones y al 50% para aquellas con un volumen de negocio de entre 20 y 60 millones (la limitación actual es del 60%). La CEOE asegura en el documento que el «endurecimiento» de este régimen afecta a 15.500 empresas (las más grandes) y pone en «dificultad» su recuperación en el momento en el que pueden estar empezando a superar sus problemas financieros. «No puede aceptarse que se haga tributar a los que están en pérdidas», afirma el documento.

Asimismo, otra de las medidas aprobadas contra la que la patronal se rebela es el nuevo límite del 50% para la aplicación de deducciones por doble imposición generadas o pendientes de compensar para aquellas empresas con más de 20 millones de facturación. La CEOE denuncia que esta modificación supone un mayor gravamen de las empresas que obtienen rentas en el extranjero y advierte de que puede resultar «incompatible» con la libre circulación de capitales que consagra la UE. Además, el informe critica que si hay cambios en la doble imposición debe realizarse a través de la denuncia de los convenios firmados por España con terceros países y no mediante un cambio en un decreto.

Otras alternativas

La CEOE también pone en cuestión el argumento del Gobierno de que estas medidas para aumentar los ingresos eran de «urgente necesidad» para cumplir la senda de consolidación fiscal exigida por la Comisión Europea. De hecho, recuerdan que el incremento del déficit se viene produciendo desde hace meses, incluso años. Además, insisten en que la urgencia también fue el argumento utilizado para aprobar un cambio en los pagos fraccionados y aumentar los ingresos en 8.300 millones. Por ello advierten de que la «continua adopción» de cambios tributarios es «incompatible con la mínima seguridad jurídica» y muestra que «algo se está haciendo mal cuando se modifica constantemente lo modificado». A su juicio, además, existían muchas otras alternativas como la subida de tipos o la reducción de algunos gastos.

Sin embargo, Hacienda decidió no tocar otros tributos como el IVA o el IRPF y se centró en Sociedades -también incrementó el gravamen al alcohol y el tabaco-. «Le pedimos un esfuerzo a los agentes económicos que tienen más margen como son las grandes empresas», explicó Montoro tras el Consejo de Ministros del 2 de diciembre. Pero la reacción de la patronal es más beligerante de la esperada. El objetivo del Gobierno con los cambios es acercar el tipo nominal (25%) al efectivo. La previsión de Hacienda es que los ingresos de Sociedades alcancen ahora los 26.000 millones. Una cifra todavía muy lejos de los 44.000 millones registrados en 2007.