La Rioja

EL SECTOR PÚBLICO PAGA MEJOR

  • La reducción del gasto público sería factible si su gestión fuera la de una empresa competitiva

Durante los últimos días, se ha hablado mucho de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, pero existe una brecha mucho más difícil de salvar: la brutal desigualdad en las nóminas de los trabajadores del sector público y los del privado. En concreto, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los sueldos públicos medios son un 50,4% más elevados que sus equivalentes privados. Parte de esta diferencia se puede achacar a que el peso de los titulados es mayor en el sector público que fuera de él. Sin embargo, lo cierto es que quienes disfrutan de un mayor 'plus' salarial por el hecho de trabajar para la Administración son aquellos con ocupaciones catalogadas como elementales, mientras que los directivos apenas se ven beneficiados. Esto demuestra que el elemento decisivo no es la capacidad de aportar un mayor valor añadido, sino la de presionar para lograr mejores condiciones, aunque sea en detrimento del funcionamiento de las instituciones públicas y del mercado laboral.

Por comunidades autónomas, Murcia es la campeona de la desigualdad, al pagar un 'extra' del 94,1% del sueldo a sus funcionarios y asimilados respecto a los trabajadores del sector privado, seguida de Andalucía (74,5%), Comunidad Valenciana (72,3%), Canarias (70,8%) y Extremadura (68,3%). Llama la atención que muchas veces haya una hipócrita postura clientelista (la última de ellas, la adoptada por Ada Colau). Así, se defiende que la subida de remuneración a los funcionarios persigue generar un 'efecto derrame' al resto de la economía, dado que las empresas tendrán que pagar más para competir con el sector público. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario. Las regiones que mejor retribuyen a sus empleados públicos son las que más paro tienen, precisamente porque las empresas no pueden captar talento a un coste razonable, y los ciudadanos prefieren buscar trabajo en la Administración Pública antes que en la empresa privada.

El mejor alegato contra este 'efecto derrame' es Cataluña, donde los salarios del sector privado son un 34,2% superiores a los murcianos, pese a que sus funcionarios cobran menos. Y eso que el coste de la vida es muy superior en esa comunidad.

En el lado opuesto de la tabla se sitúa, precisamente, esta región, donde los funcionarios apenas reciben una prima salarial del 33,2% por encima del sector privado, seguida de Asturias (36,2%), Madrid (36,3%), Navarra (42,7%), País Vasco (47,4%) y Aragón (49,8%). Es decir, comunidades donde la tasa de paro está muy por debajo de la media y los servicios públicos son bastante más amplios que en las del primer grupo.

Esto abre la puerta a la reflexión en varios campos. Uno: ¿se puede reducir la carga del sector público a través de conciertos con empresas privadas? La experiencia de la educación demuestra que sí, ya que los colegios concertados obtienen mejores resultados en los informes PISA que los públicos, con un menor coste para la Administración. Dos: ¿es legítimo utilizar la subida de sueldos al sector público para ganar votos, en vista de que dificulta la creación de empleo? Y, por último: ¿pueden los trabajadores del sector privado premiar en las urnas unos comportamientos que les suponen una mayor carga fiscal?