Colombia interviene la filial de Gas Natural por su crisis financiera y de suministro

Se trata de una intervención, y no de una expropiación, de la filial colombiana en la que Gas Natural controla un 83%. El anuncio realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -el organismo competente- supone que el Estado toma las riendas de la gestión de la que aparta a los responsables del grupo presidido por Isidro Fainé. Y previsiblemente lo hará «durante varios meses», según apuntan fuentes cercanas al grupo, «a la espera de que se resuelvan los problemas de cobro» que tiene la filial con sus clientes en siete regiones.

El origen del problema se encuentra, según Gas Natural, en los 1.259 millones de euros que los usuarios adeudan a la compañía en sus recibos de electricidad desde hace más de una década. Se trata de una bola de nieve que ha ido creciendo en los últimos meses hasta el punto de provocar unas «muy fuertes tensiones de tesorería», como reconoció ayer el grupo energético en un hecho relevante ante la CNMV.

Las autoridades colombianas han certificado un déficit de caja de 432.000 millones de pesos (129 millones de euros), que superaría los 196 millones en diciembre. Y sostienen que «se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles», como que «no contará con disponibles de efectivo» suficiente para hacer frente a sus compromisos. De hecho, denominan la situación por la que atraviesa la empresa como «precaria».

El grupo admite que los fondos propios de Electrificadora del Caribe ascendían a 581 millones de euros a 30 de septiembre, con un resultado de explotación (Ebidta) de 185 millones en los nueve primeros meses del año y unas pérdidas de 33 millones desde enero. La filial colombiana representa un 5% del Ebitda de la eléctrica, esto es, unos 191 millones de euros.

Cortes en la red

Desde el punto de vista operacional, Colombia argumenta que la compañía tampoco puede garantizar la prestación del servicio de electricidad a sus usuarios, con lo que «pone en grave peligro la prestación del servicio público». Además, recuerda que la filial de Gas Natural puede llegar a dejar de comprar energía en el mercado mayorista -donde se ofrece la electricidad que llega de las centrales-, incumpliendo otro de los cometidos por los que tiene autorización para operar. De hecho, recuerda las «graves perturbaciones de orden público» provocadas en los últimos meses por «los problemas de continuidad y calidad» en la distribución de la electricidad.

Gas Natural Fenosa insiste en achacar esta situación a la morosidad a la que tiene que hacer frente, que se centra en una de las zonas geográficas más pobres del país. El problema se viene agrandando en los últimos meses por lo que se considera la ausencia de una falta de regulación que ataje los impagos de la luz. Para atajar el fraude, el Gobierno tendría que modificar la legislación, una opción que ahora se espera que agilice tras la intervención de la filial colombiana.

Aunque el Ejecutivo del país ha mostrado siempre «voluntad» para hacer frente a este problema, aún no había actuado. Y precisamente lo hizo ayer tras el viaje realizado esta semana por el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, y el consejero delegado de la firma, Rafael Villaseca, en el que podrían haberse entrevistado con el presidente, José Manuel Santos, para desatascar una situación que finalmente ha derivado en la intervención definitiva de las autoridades.