La Rioja

El bono social, primera 'patata caliente' para el titular del nuevo Ministerio de Energía

    La reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo hace dos semanas no supone el fin del bono social eléctrico, del que se benefician en la actualidad 2,4 millones de usuarios, aunque sí de su forma actual de sufragarlo. El descuento del 25% en la factura de la luz para determinados colectivos considerados vulnerables -hogares con todos sus miembros en paro, mayores de 60 años que perciban la pensión mínima, familias numerosas y viviendas con una potencia contratada inferior a 3kW- seguirá, de momento, en vigor, pero su coste puede acabar recayendo en el resto de consumidores. El alto tribunal ha dado la razón a las reclamaciones de Endesa y EON España y obliga a anular la normativa que regula este bono desde el 2014, y que determinaba que eran las propias eléctricas las que tenían que asumir su coste.

    El Supremo la considera incompatible con la Directiva europea del 2009 que regula el mercado interior de la electricidad en la UE. Y afirma que es «discriminatorio» que su coste recaiga sólo sobre las empresas que abarcan el ciclo completo de generación, distribución y comercialización de la energía, y no también sobre las que se dedican a una o dos de esas actividades. Es decir, no cuestiona el bono social, sino la forma de repartir su coste entre los distintos actores implicados en el sector.

    La sentencia obliga, además, al Gobierno a reintegrar a las eléctricas las cantidades que han dejado de cobrar a los beneficiarios del bono social durante el 2014 (182 millones de euros), el 2015 (188 millones) y lo que va del 2016 (unos 150 millones), que más los intereses correspondientes rondan los 530 millones. Un dinero que se repartirán casi en su totalidad las cinco grandes compañías que lo costean: Endesa, que lo sufraga en la actualidad -la proporción cambia cada año en base al número de clientes y suministros conectados- en un 41,09%, Iberdrola el 37,9%, Gas Natural el 14,8%, Hidroeléctrica un 3,3% y EON Viesgo el 2,2%.

    El problema que se plantea ahora es de dónde va a salir ese dinero y cómo se financiará en adelante el bono social. Esta será muy probablemente la primera 'patata caliente' para el titular del nuevo Ministerio de Energía -hasta el pasado viernes el sector dependía de Industria-, Álvaro Nadal. Tiene pocas opciones y ninguna es buena. Si decide que dicha cantidad se reparta por igual entre los recibos de las 26 millones de conexiones restantes, éstos verán incrementada su factura mensual en 1,7 euros durante un año. No sería la primera vez que el Gobierno optara por esta impopular solución.

    En febrero del 2012, tras una denuncia en aquella ocasión de Iberdrola, el Supremo ya falló en contra del anterior sistema de sufragar el bono social, que recaía exclusivamente en las empresas de generación eléctrica. La sentencia tuvo un coste para las arcas del Estado de 275 millones de euros, que luego el entonces Ministerio de Industria endosó durante varios meses a los recibos de todos los usuarios.

    Presupuestos y superávit

    La segunda opción pasaría por cargar los 530 millones a los próximos Presupuestos Generales, una alternativa que se antoja imposible si no se quitan de otras partidas, máxime cuando de las cuentas del Estado hay que restar todavía otros 5.500 millones para cumplir el compromiso de déficit con Bruselas.

    Y una tercera, por la que abogan algunas voces provenientes de asociaciones de consumidores, sería usar parte de los 1.550 millones de euros de superávit que ha generado el sistema eléctrico desde el 2014, pero sobre esta posibilidad existen impedimentos jurídicos. La Ley del Sector Eléctrico de finales del 2013 prohíbe que los excedentes del sistema se utilicen para otro fin que no sea amortizar la abultada deuda de más de 23.000 millones de euros que todavía arrastra el sector, y que mes a mes costean todos los consumidores a través de sus recibos de la luz.

    Lo único que parece claro a estas alturas es que, paralelamente a los cambios en su financiación, el nuevo ministro tendrá que hacer modificaciones respecto a los destinatarios del bono social. Y es que todos los agentes implicados, desde las compañías eléctricas hasta las organizaciones de consumidores, están pidiendo que se adecue para que beneficie a los usuarios que realmente lo necesiten.

    Puesto en marcha el 1 de julio del 2009 por el Gobierno de Zapatero para paliar los efectos de la entonces aún incipiente crisis, y mantenido después por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el problema del bono social es que no en todos los colectivos que recoge como potenciales beneficiarios se dan, ni mucho menos, situaciones reales de vulnerabilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de familias numerosas que aunque tengan tal condición -lo son con tres o más hijos y hasta que el menor de ellos cumpla 21 años, entre otras situaciones- puede que cuenten a su vez con ingresos elevados, de forma que el descuento del 25% en sus facturas de la luz no les sea ni mucho menos indispensable.

    Propuesta de cambios
    De igual modo, que un hogar tenga menos de 3kW de potencia contratada no implica necesariamente que se deba a una situación de pobreza energética -existe un coladero de segundas residencias-, o no tiene por qué presuponer la insuficiencia de recursos de sus titulares.

    Según Endesa, de los 2,4 millones de beneficiarios actuales del bono social unos 800.000 realmente no lo necesitarían. Por ello, la eléctrica remitió ya hace unos meses a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) una propuesta para que se vincule esta ayuda a la renta realmente disponible de los usuarios con objeto de que vaya destinada a quienes de verdad no disponen de recursos. La compañía propone mantener el bono a las familias con todos sus miembros en paro y a los mayores de 60 años perceptores de pensiones mínimas, pero para el resto plantea la creación de tres tipos.

    En primer lugar, uno dirigido a hogares que acrediten un nivel de ingresos reducido, menores al 120% del salario mínimo interprofesional (10.841 euros al año) para el primer perceptor de una unidad familiar; inferiores al 70% (6.324 euros) para el segundo y de menos de la mitad del SMI (4.517 euros) para el tercero y siguientes si los hubiera. Para estos casos Endesa propone un descuento del 25% en el precio total de la factura o del 60% en la parte fija, lo que en su opinión incentivaría el ahorro energético por parte de los consumidores para disminuir así la parte variable del recibo.

    Un segundo fondo sería para la cobertura de clientes en situación de pobreza energética, y que incluso disponiendo del bono social no puedan hacer frente a sus facturas. Y un tercero se dedicaría a la eficiencia energética para mejorar el aislamiento de aquellos hogares que estén afectados por este problema.

    Endesa afirma que estas medidas supondrían un importante ahorro con respecto al coste actual del bono social. En concreto, calcula que su impacto económico ascendería finalmente a 131 millones de euros frente a los 188 millones que en el 2015 supuso esta ayuda.