La Rioja

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. :: j. garcía
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. :: j. garcía

El Gobierno ve «precipitado» hablar de un ajuste de 5.000 millones

  • Aprueba el plan presupuestario exigido por Bruselas con una prórroga de las cuentas y un déficit del 3,5% frente al 3,1% fijado por la UE

MADRID. El Gobierno cumplió los plazos y aprobó ayer, un día antes de la fecha límite marcada por Bruselas, el proyecto presupuestario de 2017. Una cita que todos los años es clave, pero que en esta ocasión se convirtió en un simple trámite por estar el Ejecutivo en funciones y no poder introducir cambios fiscales. Así, el proyecto recoge una prórroga de las cuentas públicas de 2016 con una actualización de la senda de déficit. El documento contempla que el desfase entre ingresos y gastos sea del 3,6% el próximo ejercicio, frente al 3,1% fijado por la Comisión Europea. Es decir, España tendrá que hacer un ajuste de unos 5.000 millones de euros en 2017 para cumplir el objetivo. La gran pregunta es qué medidas se tomarán para corregir ese desvío. ¿Subida de impuestos? ¿Recortes del gasto? La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pasó de puntillas sobre ese aspecto. «Es muy precipitado hablar de cifras y gastos», sostuvo al interrogarle sobre el volumen del ajuste. De hecho, emplazó cualquier decisión de calado hasta después de la formación de un nuevo Ejecutivo por ser el único con facultades para tomarlas.

En esta estrategia de perfil bajo sobe el proyecto presupuestario se enmarcó la decisión de que fuese Sáenz de Santamaría y no los ministros económicos del gabinete (Luis de Guindos y Cristóbal Montoro) la encargada de explicar el contenido del informe. Así, la número dos del Ejecutivo recordó que «la previsión de ingresos en este plan es muy prudente y conservadora» y que el proyecto «sólo aplica la evolución del cuadro macroeconómico». En este sentido, el Gobierno mantiene la estimación de un crecimiento del 2,3% para 2017.

El plan del Ejecutivo sí incluye las medidas adoptadas para cumplir con el déficit del 4,6% este año. Entre esas iniciativas están los 8.300 millones que Hacienda espera ingresar con la modificación en el Impuesto de Sociedades para adelantar el cobro de los pagos fraccionados. Esta modificación está incluida aunque todavía debe ser ratificada por el Parlamento (probablemente el 20 de octubre). También se recogen los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

Precisamente, una de las cuestione pendientes es saber cómo se reparte el mayor margen concedido por Bruselas en el déficit. Las comunidades quieren aumentar su límite del 0,7%, aunque los datos de este año demuestran que el mayor desfase se concentra en el Estado y la Seguridad Social.

En cualquier caso, ahora llega de nuevo el turno de Bruselas. Será la Comisión Europea quien deberá analizar el documento enviado por el Ejecutivo y decidir si va en la dirección adecuada. Las autoridades comunitarias quieren vigilar en corto a España, sobre todo después de que incumpliera el déficit de 2015 y estuviera a punto de sancionarla con 2.000 millones. De hecho, los fondos estructurales todavía peligran.

Subida de las pensiones

Por otra parte, Sáenz de Santamaría también reconoció que están analizando si la proposición de Ley presentada el jueves en el Congreso por todos los partidos salvo el PP y Ciudadanos para que las pensiones se revaloricen en 2017 un 1,2% frente al 0,25% previsto cumple los requisitos o puede ser vetada por incluir un aumento del gasto que ponga el riesgo el equilibrio presupuestario. En cualquier caso, la vicepresidenta presumió de que los gobiernos del PP «siempre han revalorizado las pensiones» y destacó que fue durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se congelaron.

Además, la también portavoz del Ejecutivo explicó que desde 2013 -fecha de la última reforma- las pensiones se han revalorizado en 2.077 millones. Sáenz de Santamaría incidió en que si hubieran evolucionado en función de la inflación, que ha sido negativa, las pensiones habrían bajado 1.240 millones de euros.