Una propuesta con un laberíntico recorrido parlamentario

El Ejecutivo no está obligado a presentar un proyecto de ley aunque el Parlamento haya instado a incrementar las prestaciones un 1,2% en 2017, frente al 0,25% previsto inicialmente por el Gobierno. De hecho, tendría la facultad de evaluar la proposición hasta 30 días antes de su debate y frenarla con el argumento de que supone un aumento del gasto presupuestario o una disminución de los ingresos.

Sin embargo, al tratarse de una iniciativa de cara a 2017, un ejercicio para el que aún no están aprobadas las cuentas del Estado, el Gobierno no podría recurrir a ese argumento de la modificación presupuestaria con carácter extraordinario para frenar la proposición.

Llegados a ese primer estadio de triunfo, los grupos parlamentarios que han planteado la subida de las pensiones tendrían que superar un obstáculo que, por ahora, parece insalvable: la mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en el Senado.

En la Cámara alta, el grupo popular podría estirar los plazos mediante la presentación de enmiendas que prolongarían su aprobación. Si la oposición consiguiera superar estas limitaciones, el texto ya sí volvería al Congreso para su aprobación. Siempre que el Gobierno no apruebe antes sus cuentas de cara al próximo año.