La Rioja

El presidente español en funciones, Mariano Rajoy. :: josé ramón ladra
El presidente español en funciones, Mariano Rajoy. :: josé ramón ladra

El Gobierno apuesta por más ingresos en sociedades y el sólido avance del PIB

  • El Ejecutivo confía en el crecimiento económico para cubrir parte del ajuste y evitar más incrementos tributarios y recortes del gasto

El déficit se ha convertido en la pesadilla que persigue a España todos los años desde el inicio de la crisis. Y la Comisión Europea es la encargada de recordárselo. El examen que afronta el país en el 2017 será de los más exigentes al tener que reducir el desequilibrio presupuestario en 15.000 millones. Esta tarea se complica, además, por el bloqueo político que impide formar Gobierno y tomar medidas económicas fundamentales como aprobar unos Presupuestos Generales a tiempo. Pero Bruselas quiere compromisos por escrito sobre qué medidas piensa tomar España para cumplir la nueva senda fiscal. Y, en principio, sólo hay dos opciones: aumentar los ingresos o reducir los gastos. O una combinación de ambas.

Ante la imposibilidad de presentar un proyecto de cuentas públicas para el 2017, el Ejecutivo en funciones enviará probablemente el lunes 17 -la fecha límite dada por Bruselas era el 15 de octubre, pero al ser sábado es factible que se amplíe el plazo hasta el lunes siguiente- unas «líneas generales fiscales» que contendrán una previsión de ingresos y gastos, según fuentes gubernamentales. Pero ¿por qué esperar al último momento? Porque el documento puede variar según el escenario político. Las mismas fuentes señalan que se han elaborado varios informes con unas previsiones fiscales en función de si se forma Ejecutivo y hay Presupuestos o si se convocan terceras elecciones. Por eso la decisión final de qué texto se enviará se tomará desde la Moncloa.

En cualquier caso, según desveló el viernes el ministro Luis de Guindos, el documento no incluirá grandes medidas de ajuste. Sí estará la modificación en el impuesto de sociedades para adelantar el cobro del pago fraccionado y que permitirá unos ingresos de 8.300 millones este mismo año. Esta es una de las grandes bazas con las que el Ejecutivo espera convencer a los técnicos comunitarios de que no son necesarias más subidas impositivas. Asimismo, el texto también incluirá el nuevo reparto del déficit entre las distintas administraciones (Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social) tras la prórroga concedida por Bruselas y que asciende a un punto más de PIB.

Pero ¿qué más puede hacer España para reducir el déficit? En el caso de que el Gobierno opte por mejorar los ingresos, la vía más directa es aumentar la presión fiscal. Y en esa vía una de las medidas que más consenso genera entre los expertos es eliminar las deducciones y exenciones tributarias a las grandes empresas para aumentar su recaudación.

El acuerdo entre PP y Ciudadanos, de hecho, ya contemplaba «cerrar agujeros» en este tributo para igualar los tipos nominales a los reales y estimaba el impacto de la medida en 3.000 millones. Dicho acuerdo también recogía una «revisión» de la amnistía fiscal aprobada por el PP para que quienes se acogieron tributen el 10% de las cantidades afloradas, como estaba previsto en un principio, y no al 3% al que lo hicieron. Serían una o dos décimas más de PIB.

Nuevos impuestos

Otra opción para mejorar las arcas públicas estaría en el IVA, el impuesto que mejor funciona (en buena parte debido a dos subidas de tipos). Se trataría de trasladar productos con un tipo reducido del 10% al tramo general del 21%. Estos beneficios fiscales en el 2016 alcanzarán casi 8.000 millones. La medida es reclamada por Bruselas y el FMI, pero el Gobierno la ha rechazado. Por último, también podrían crearse nuevos impuestos medioambientales como también recomienda la Comisión. Y es que España se encuentra por debajo de la media comunitaria en la recaudación de estos tributos verdes.

La otra pata presupuestaria para corregir el déficit está en el recorte del gasto, algo a lo que los diferentes gobiernos durante la crisis han recurrido (congelación de pensiones, suspensión de la extra a los funcionarios...). Sin embargo, son decisiones con un gran rechazo social.

En cualquier caso, el Gobierno confía en no tener que tomar medidas traumáticas. Es más, según las fuentes consultadas, estima que buena parte de esos 15.000 millones de ajuste se cubrirán ya de por sí por el crecimiento económico esperado. Es decir, el aumento del PIB mejoraría los ingresos públicos sin necesidad de recortes. Un argumento con el que el Ejecutivo tratará de apaciguar a Bruselas.