La Rioja

Los acusados de las 'black' quieren expulsar a Bankia para ahorrarse las indemnizaciones

Vista general de los 65 acusados por las tarjetas 'black', con Díaz Ferrán a la izquierda y Rato junto a Blesa a la derecha. :: afp
Vista general de los 65 acusados por las tarjetas 'black', con Díaz Ferrán a la izquierda y Rato junto a Blesa a la derecha. :: afp
  • Piden que deje de ser acusación porque no es la «sucesora formal» de Caja Madrid y tachan de «chapuza de colegial» los archivos con sus datos

Primer día del juicio por las llamadas tarjetas 'black', con las que 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia despilfarraron hasta 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, y también primera jornada de protagonismo de las defensas, que si fuera solo por número ganarían por goleada a las acusaciones, únicamente tres junto a la propia Fiscalía Anticorrupción. Era su día de gloria porque, aprovechando el trámite de las cuestiones previas, lanzaron todo su arsenal jurídico para tratar de desmontar, o cuanto menos dejar tocado, uno de los procesos más mediáticos que la justicia ha llevado a cabo para depurar responsabilidades penales por los excesos de parte de la banca, especialmente durante los años de la última gran crisis.

Y la primera pieza que pretenden cobrarse es de caza mayor. Porque, ayer, la mayoría de los abogados de los 65 acusados pidieron la expulsión del procedimiento de Bankia y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tras su obligado rescate público en mayo de 2012 es su accionista principal (tiene el 64%). El motivo, según esgrimieron, es que carecen de legitimación activa para ejercer la acusación: ni la acción popular al no reunir los requisitos necesarios, ni tampoco la particular porque «no son perjudicados ni ofendidos» al no ser «formalmente sucesores» de Caja Madrid. La heredera directa sería su fundación, que renunció a personarse en el caso, y el banco -apuntaron- solo fue el resultado de la fusión de varias entidades de ahorros.

«No tienen vela en este entierro», llegó a aseverar el letrado del exconsejero Estanislao Rodríguez Ponga, que antes fue secretario de Estado de Hacienda y quien cargó un total de 255.372 euros a su 'black', ante el tribunal que componen tres magistradas de la Audiencia Nacional. Sacar a Bankia y el FROB del juicio, algo por otra parte «altamente improbable» a estas alturas según distintas fuentes jurídicas -en este sentido apuntan que la Sala de lo Penal ya rechazó una petición similar en la fase de instrucción-, no sería algo gratuito. Sin perjudicado directo quedarían en entredicho las indemnizaciones que se reclaman (12 millones descontadas las sumas prescritas), puesto que ambas pugnan por ser sus receptoras finales.

No fue ese el único argumento usado por las defensas para deslegitimar la labor de Bankla. También insinuaron que desde el banco se podría haber llegado a «falsear» o «manipular» los movimientos bancarios de aquellos polémicos 'plásticos' (tarjetas Visa Oro y Plata) con el fin de cargar las tintas contra los gestores anteriores. La clave de esa grave acusación contra la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri reside en la forma que se crearon los archivos Excel que contienen los datos, y que son precisamente la base sobre la que se sustenta todo el caso.

«Ni conocemos el sistema (las hojas de cálculo de Excel) ni la custodia que ha tenido», denunció la abogada de Ángel Gómez, exmiembro de la comisión de control de la caja (dispuso de 149.000 euros con su tarjeta). Los archivos, abundó en su queja, «están plagados de errores, apuntes duplicados y de sitios en los que mi cliente no ha estado jamás», para terminar quejándose de que tampoco existe «soporte documental que acredite la realidad de los gastos». Olvidó, sin embargo, que en la instrucción quedó claro que los beneficiarios de las 'black' no tenían obligación de justificar sus desembolsos, pese a lo cual algunos sí intentaron aportarlos hasta que se les dijo que era innecesario.

«Plagados de errores»

Pese a ello, las defensas insistieron en tratar de desvirtuar la «validez formal» como prueba de los controvertidos Excel. El letrado de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE (94.000 euros en su 'black'), llegó a tacharlos de «chapuza hecha por un mero colegial» porque están «plagados de errores». En tono similar, la abogada de Rodolfo Benito, exconsejero y exdirigente de CC OO (140.600 euros), dijo que resulta «imposible determinar de dónde ha extraído Bankia esos datos», al tiempo que acusó a sus responsables de «actuar con una clara actitud incriminatoria» al aportar «solo material inculpatorio y no exculpatorio».

Aún compartiendo las alegaciones de sus compañeros -casi todos los defensores se fueron adhiriendo a las mismas quejas-, los abogados de Miguel Blesa ( 436.700 euros) y Rodrigo Rato (99.054 euros), los principales responsables de este sistema «opaco» de pagos -como lo definió el juez del caso- abundaron más en la tesis de que el acceso a los movimientos bancarios de sus clientes habría vulnerado la Ley de Protección de Datos, puesto que no son meras cifras sino que revelarían «aspectos íntimos de la persona», e incluso podrían llegar a afectar a su «libertad y dignidad». Además, denunciaron que se conservaron más allá del período de consentimiento fijado (18 meses) y que se manejaron sin una orden judicial previa.

La última queja de los letrados de los usuarios de las 'black' -la exposición de cuestiones previas continúa hoy- fue la posible prescripción del delito de apropiación indebida que la Fiscalía atribuye a todos. A su juicio, ese plazo se habría cubierto con creces cuando Anticorrupción presentó su denuncia en octubre de 2014. Por eso estiman que el Ministerio Público trató de «resucitar» unos hechos ya extinguidos, «alterando la interpretación de la ley» para «convertirlos en algo continuado» y permitir que la responsabilidad penal siga viva «modificando plazos».