La Rioja

El Supremo exige mayor mano dura con los banqueros que arruinaron a las cajas

  • Reprocha a la Audiencia Nacional su blandura al condenar solo con dos años a cuatro exgestores de Novacaixagalicia que se dieron un retiro dorado

A los veteranos magistrados del Tribunal Supremo se les suele reprochar con relativa frecuencia que están alejados de la opinión de la calle, de lo que piensan y sienten los ciudadanos sobre cuyos pleitos pueden tener que decidir en última instancia. Sin embargo, en lo relativo a los desmanes de algunos exresponsables de cajas de ahorros y bancos durante los años previos a la última gran crisis económico-financiera y también durante la misma, su postura está siendo bastante severa.

El último ejemplo se conoció ayer con las prejubilaciones multimillonarias que se concedieron tres ex altos cargos de Novacaixagalicia en 2010 ante el temor a ser despedidos por una inminente fusión. Fueron José Luis Pego, ex director general de la macrocaja de ahorros gallega; Gregorio Gorriarán, exjefe de su división inmobiliaria; y Oscar Rodríguez, responsable de la oficina que se creó para facilitar la unión de Caixanova y Caixa Galicia. El alto tribunal ha confirmado su condena, al igual que las de otros «cooperadores necesarios» -el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, y el abogado Ricardo Pradas, antiguo asesor jurídico de la entidad-, aunque no se ha conformado con ello.

Los magistrados de la Sala de lo Penal no dudan en descalificar lo que ven una actitud demasiado blanda de sus colegas de la Audiencia Nacional a la hora de dar respuesta a esas conductas, y descalifican la «llamativa lenidad» que tuvieron al respecto. Y es que a su juicio dos años de cárcel no es en modo alguno «proporcional» a sus actos. Los tres principales acusados se autoasignaron unas «cuantiosas» indemnizaciones -modificando sus contratos de alta dirección y ampliando las compensaciones por desestimiento o despido- que sumaron 22 millones de euros, aunque finalmente 'solo' llegaron a percibir 13,2 millones.

A criterio del Supremo, aquellas acciones «no pueden ser interpretadas» solo «como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado», o bien «el fruto de decisiones equivocadas en el ámbito de la administración que les incumbía». «Los acusados -subraya- hicieron suyas esas cantidades con un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración».

Por eso estima que el tribunal de instancia -en este caso la Audiencia Nacional, que juzgó estos hechos hace poco más de un año- «no ha errado aquí», tampoco al calificar los hechos como apropiación indebida y no administración desleal pese a la última reforma del Código Penal. Otra cosa -admiten- es que «ese desenlace» venga de «un razonamiento jurídico manifiestamente mejorable y necesitado de actualización».

«Claramente exiguas»

Porque lo que dejan claro los miembros del Supremo es que aunque comparten en líneas generales el fondo del fallo de sus colegas, su trabajo deja bastante que desear. Por ejemplo, «algunos de sus ejes argumentales se ofrecen con un llamativo desorden expositivo». Y respecto al análisis de las pruebas, ve «censurable» su metodología por abusar de la transcripción literal de documentos, actas e informes, lo que ve un «desconcertante modo de aproximación valorativa». Y les reprocha, además, que se valgan de peritajes jurídicos «para resolver aquello que tenían que haber resuelto por sí solos».

Aunque lo que más ha enfadado a los magistrados de la Sala Segunda es que las penas fijadas resultan cortas. Y lo piensan, fundamentalmente, por tres razones: la suma apropiada rebasa con mucho el límite de los 50.000 euros previsto para aplicar el tipo agravado; los dos principales condenados, Pego y Gorriarán, fueron antes administradores de Caixanova, entidad que dejaron «en una situación de serias dificultades de viabilidad y de práctica insolvencia» hasta el punto de que luego el FROB tuvo que aportar «más de 9.000 millones para hacer viable» su fusión con Caixa Galicia; y, por último, «el contexto social y económico» en que se produjo su actuación (2010), «dos años después del inicio de la crisis por todos conocida».

Por todo ello desde el alto tribunal tienen claro que el castigo impuesto a la antigua cúpula de Novacaixagalicia «resulta desproporcionado, pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas referidas». Sin embargo, lamentan no poder «imponer unas nuevas penas que incrementen las establecidas» porque «es patente» que queda fuera de sus atribuciones al no haberlo pedido ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones (FROB y Adicae), que se escudaron para ello en que la redacción de la sentencia apenas les dejaba margen.

Finalmente, y tras advertir a la Audiencia que deberá corregir las indemnizaciones porque se equivocó -sumó las pedidas de forma alternativa por apropiación indebida y/o estafa- y aclarar a quién corresponde recibirlas -el FROB o NCG banco, el sucesor de la caja-, niega que la directiva europea de 2010 sobre políticas de remuneración en la banca exonere de culpa a los acusados. Según el Supremo, ni afecta a la tipicidad de los delitos ni «santifica» los actos de «deslealtad» que se produjeron antes de aprobarla. En modo alguno, concluyen, puede interpretarse como «una ley de punto final».