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Justicia millonaria para el consumidor

Justicia millonaria para el consumidor

Los afectados por engaños de decenas de firmas han encontrado la vía de recuperar su dinero en asociaciones o bufetes que integran sus casos

JOSÉ M. CAMARERO

Domingo, 7 de febrero 2016, 01:02

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madrid. ¿A algún accionista se le pasaba por la cabeza hace años demandar a su empresa por haber realizado una salida a Bolsa fraudulenta? ¿O actuar contra un banco que comercializaba hipotecas sin detallar sus condiciones? Los ciudadanos -consumidores, usuarios, inversores...- han tomado conciencia del poder que tienen frente a los fraudes... siempre que vayan unidos. A modo de los grandes procesos norteamericanos (las llamadas 'class actions'), las demandas colectivas se han convertido en una herramienta clave para muchos perjudicados que no podrían actuar por su cuenta. La última, esta semana, con el cierre por sorpresa de la cadena odontológica Funnydent. «Hay una irrupción de la Justicia en la vida económica», explica Jesús María Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de Cunef. Sostiene que «existe una normativa emergente en toda Europa relacionada con los derechos del consumidor que, en la práctica, viene a actuar como motor de cambio en las relaciones económicas» entre empresas y clientes.

Desde el fraude de la colza en los años 80 hasta la última sentencia del Tribunal Supremo, en la que se anula la suscripción de acciones de Bankia de dos inversores por el carácter engañoso en su comercialización, los casos de perjudicados han proliferado sin parar. Primero en el sector bancario -participaciones preferentes, 'swaps', cláusulas suelo o Banco Madrid-; en la Bolsa -Bankia y, ahora, Abengoa-; en la inversión en sellos -caso de Afinsa y Forum Filatélico-, pero también en el campo de la automoción -Volkswagen-, las telecomunicaciones -subidas impuestas por Movistar- e incluso los viajes -cierre del espacio aéreo en 2010-. «La crisis ha hecho florecer iniciativas sobre las que hace 15 años nadie pensaba», indica Francisco Buitrago, abogado especializado en consumo y financiero.

Y no encuentran límite para desesperación de las sociedades afectadas. «Parece que esta situación va a más», según el abogado Fernando Zunzunegui, uno de los despachos que mantiene varias iniciativas abiertas. «Antes de 2008 -afirma- no se concebía la condena a un banco por las cuestiones que estos días conocemos». Las sentencias de tribunales por cuestiones relacionadas con irregularidades en contratos financieros han pasado de dos en 2009 a 1.968 el año pasado. Zunzunegui recuerda que, tras el caso Banesto (1992), «el Supremo dijo que si alguien compraba en Bolsa asumia que era un mercado de riesgo», y así zanjó la cuestión. Ahora, con Bankia entre manos, la postura es diferente. «Podemos decir que hay una mayor percepción de estos problemas por parte de los jueces», afirma Zarzalejos.

El Tribunal Supremo avaló en octubre las iniciativas colectivas para reclamar daños y perjuicios por la adquisición de productos financieros al considerar que es la vía adecuada «por economía procesal y para evitar sentencias contradictorias». Es decir, «no está justificado» que las acciones se tramiten por procesos diferentes y que en cada uno haya un interrogatorio, testigos o peritos «con el coste que supone», indicaba el Alto Tribunal.

La presentación de una demanda conjunta no supone un triunfo asegurado para los ciudadanos. Pero los expertos reconocen que la unión sí hace la fuerza porque «se aúnan unos intereses que, de otra forma, no fructificarían», explica Julio Muerza, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra. Fue en el año 2000 cuando se incorporó a la Ley de Enjuiciamiento Civil la posibilidad de presentar demandas colectivas por parte de las asociaciones, a las que se les confiere esta potestad. Muerza reconoce que un afectado de Volkswagen «puede acudir solo a la Justicia, pero el gasto que eso le provoca no es comparable al de si se pone en manos de una organización donde hayan acudido todos o, al menos, un gran número de los afectados».

Las asociaciones de consumidores han encontrado todo un filón en este tipo de iniciativas para proteger los intereses de los ciudadanos que, en casos individuales, difícilmente acudirían a los juzgados. Sólo Adicae ha presentado 362 acciones de cesación desde que surgieran los primeros fraudes masivos, como las academias Opening. Con este instrumento «se consigue que se suspenda un contrato, pero no se defiende a nadie en concreto, es universal», explica Manuel Pardos, presidente de la asociación. Aunque también reconoce que, tras la vía civil, se encuentra la penal. Él defiende las bondades de estos procedimientos y se pregunta «cómo sería posible que, en el caso de las cláusulas suelo, puedan ir uno a uno los cuatro millones de afectados al juez».

La pregunta que se hacen muchos afectados es si pueden beneficiarse indirectamente de las sentencias a favor de los perjudicados que sí optaron por acudir a los tribunales. Si se trata de una condena dineraria, el juez debe determinar los usuarios a los que afecta; si es la declaración ilícita de un contrato, el fallo debería aclarar si beneficia a todos o solo a quienes hayan sido parte del proceso; y si se encuentran ante una resolución que surge como consecuencia de la personación de determinadas personas, sólo les afectará a ellos. Es lo que ha ocurrido con la sentencia de Bankia, «aunque el resto de pueden personarse ahora en la causa sabiendo cuál es el criterio favorable del Supremo», explica Pardos. Bankia y el Ministerio de Economía estudian ahora una solución extrajudicial para los minoritarios.

El papel de los bufetes

La intervención de las asociaciones ha ido en paralelo a la de los bufetes de abogados que acumulan múltiples causas por el mismo fraude. En realidad, «realizan una presentación múltiple de demandas individuales», indica Zarzalejos. Para este experto, «lo ideal es evitar la proliferación de casos» y afirma que «cuanto más precisa sea la doctrina, más se reducen los procedimientos». Buitrago estima que, si se quiere obtener el resarcimiento de cantidades defraudadas, «cuanto menor sea el importe, más compensan las acciones de las organizaciones».

En un proceso ordinario, los gastos de letrado más procurador pueden superar los 1.000 euros. La macrodemanda de Facua contra la subida de tarifas de Movistar Fusion es el mejor ejemplo. El presidente de esta organización, Rubén Sánchez, sostiene que «en España hay poca tradición de las demandas colectivas, aunque las últimas experiencias indican que es un buen camino». Pero si el perjudicado tiene en juego 30.000 euros por la adquisición de preferentes, la vía para recuperarlos «puede ser la de la acumulación de demandas de los despachos», sostiene Zunzunegui. La lucha de David contra Goliat continúa.

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