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J. A. BRAVO
Sábado, 28 de noviembre 2015, 00:55
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MADRID. El Banco de España parece haber tenido muy presente el dicho marinero de por la boca muere el pez al responder al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del 'caso Bankia'. Por eso, ha optado por la reiteración al mandarle «toda» la documentación que éste le urgió a principios de semana, y que fue la base que tomó para elaborar el controvertido dictamen que permitía a la citada entidad financiera aplicar las provisiones para diluir su agujero contable multimillonario.
Conforme a ello, Bankia sí disponía de un 'colchón' suficiente para afrontar los deterioros de activos que tenía a finales de 2011 (2.083 millones de euros). Y ello gracias a las «provisiones genéricas» que, según el supervisor, pueden usarse sin mayor detalle para cubrir posteriormente dichas necesidades. Así, frente al peor de los escenarios presentado por los peritos judiciales, la entidad tendría un saldo positivo de 103 millones.
Pero en su informe, el Banco de España no va más allá. Se limita a recoger «el criterio técnico sobre la interpretación de la normativa a la que deben atenerse las entidades de crédito en la formulación de sus estados contables». Elude así -entre otras cosas, porque no se le había preguntado- pronunciarse sobre otras cuestiones referentes a la polémica gestión de Rodrigo Rato al frente de Bankia (2010-2012).
De hecho, en los 53 folios de documentación remitidos al juzgado incluye cuatro informes de sendos departamentos distintos del Banco de España que dicen básicamente lo mismo. Incluso cuando la División de Normativa Contable se salió un poco del guión para extenderse en explicaciones no estrictamente técnicas, fue reconvenida.
Curiosa omisión
Por eso, en la versión final del informe de cuatro páginas que el supervisor bancario envió primero se omitió una frase donde se justificaba en «cuestiones prácticas» el uso de las provisiones. En concreto, se afirmaba que era «el modo de hacer factible un seguimiento adecuado del riesgo de crédito a partir de la fecha de la combinación».
Pese a la aparente obsesión del Banco de España por ceñir su informe a lo técnico, evitó consultar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la máxima autoridad en esta materia. Y lo hizo alegando que no había «interés general» en este caso, pese a saber que su tesis contradecía una de las principales conclusiones de los dos peritos judiciales, a la sazón inspectores del propio supervisor.
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