Los políticos piden al Gobierno que intervenga para rescatar a Abengoa

Desde que Abengoa anunciara el pasado miércoles su propuesta para presentar el preconcurso de acreedores, las voces a favor de una intervención pública no se han hecho esperar. Podría materializarse en forma de una intermediación entre la compañía y los acreedores para que cedan aún más y abran la vía a un nuevo plan de reestructuración. Aunque, en este caso, no podrían presionar a los bancos extranjeros. Sólo en deuda bruta -sin contar con avales y otro tipo de compromisos a largo plazo- tiene que devolver a las entidades 9.000 millones; a sus proveedores les debe otros 5.500 millones. Y está en juego el trabajo de 7.000 empleados solo en España, de los cuales una gran parte se encuentran en Andalucía, donde tiene su sede corporativa.

Ante la repercusión social que podría tener la suspensión de pagos definitiva, los miembros del Gobierno que se han pronunciado lo han hecho con mucha cautela. La situación de la firma «es extremadamente delicada», apuntó ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, que recordó que no son épocas en las que el Estado pueda aportar dinero a una compañía privada. Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, garantizó la colaboración de su departamento con la empresa y pidió a todas las partes implicadas «que negocien y dialoguen hasta la extenuación». Pero no quiso dar un paso más allá.

La oposición y los sindicatos sí lo hicieron al reclamar una intervención en Abengoa. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, instó a las entidades financieras porque «no pueden fallar», y comparó el caso con el de la banca rescatada. «España se implicó con su sistema financiero en los momentos de dificultad», recordando las inyecciones de dinero publico a este sector. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió al Ejecutivo que «ponga todo de su parte», mientras que el candidato de IU, Alberto Garzón, abogó directamente porque la Administración rescate a la compañía y «fuerce» a la banca a salir en su ayuda para preservar los puestos de trabajo.

Desde los sindicatos, el responsable de UGT, Cándido Méndez, pidió al Gobierno que «se comprometa políticamente» en la búsqueda de una solución. Y si no hubiera resultados concretos a medio plazo, que sea el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Bankia -entidad en la que el Estado controla un 63,9% a través del FROB- los que intervengan para salvar a Abengoa. La firma debe al ICO unos 160 millones procedentes de varias líneas de financiación concedidas en el pasado.

El rastro de las deudas asumidas por la ingeniería es el principal lastre con el que cuenta la compañía para encarar su futuro. Ayer presentó formalmente el preconcurso de acreedores, mientras que sus acciones se despedían del Ibex-35 -el índice en el que ya no cotizarán a partir de hoy, sino que lo harán en el Continuo- con un descenso del 40% que, acumulado al 54% del miércoles, supone unas pérdidas del 94% en dos sesiones, hasta los 0,25 euros. Además, la agencia Moody's rebajó la nota de la empresa hasta 'Caa2' con perspectiva negativa, al igual que lo hizo el miércoles Fitch, dejando su nivel cerca del bono basura.

La situación es dramática porque el fuerte endeudamiento asumido en los últimos años, unido a una política poco eficiente y de gestión de costes y riesgos sin control, tal y como apuntan los expertos bursátiles, le obliga a devolver a la banca, solo este último trimestre, 374 millones. A lo largo de 2016 deberá reintegrar otros 1.333 millones. Y hasta 2020, 7.140 millones.

En el plano interno, la firma remitió una nota a sus empleados en la que ha dado explicaciones sobre la situación y transmitió un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, los trabajadores conocieron ayer la dimisión del consejero delegado de la filial estadounidense Abengoa Yield, Javier Garoz, que será sustituido por el consejero delegado del grupo, Santiago Seage.