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Rato ficha a un bufete especialista en fiscalidad que ya defendió al PP

El exvicepresidente contrata a la firma Backer & McKenzie porque cree que sólo podría ser acusado de un delito tributario

J. A. BRAVO

Martes, 5 de mayo 2015, 00:40

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madrid. Rodrigo Rato ha cambiado de estrategia defensiva. El que fuera vicepresidente económico del Gobierno ha fichado al bufete Backer & McKenzie, especializado en temas tributarios y que ya asesoró al PP en el 'caso Barcenas' por el presunto delito fiscal en las obras de remodelación de su sede en Madrid.

Según fuentes jurídicas, el expolítico metido a financiero -fue presidente de Caja Madrid y luego de Bankia hasta su nacionalización- seguirá contando con el despacho Oliva-Ayala para su defensa penal en los casos de su etapa como banquero: la salida a Bolsa de Bankia, las tarjetas 'Black' y los posibles sobresueldos cobrados por la cúpula.

Backer-McKenzie, que cuenta entre sus abogados con el ex número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ya ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, donde, amén de personarse, pide que se levante el secreto de sumario y también las medidas cautelares que pesan sobre los activos financieros de su cliente. Su titular, Antonio Serrano-Artal, investiga a Rato por sendos presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes hasta que se resuelva si el caso pasa al final a la Audiencia -como pidió-.

Pero ni Rato ni la Fiscalía Anticorrupción están por esa labor. La segunda cree que su incorporación al 'caso Bankia' generaría un macroproceso «ingobernable». El primero simplemente entiende que las acusaciones en su contra por blanqueo y alzamiento -en relación a un posible ocultamiento de bienes para eludir el pago de fianzas- terminarán siendo archivadas.

Cuestión distinta es el presunto delito fiscal por no declarar en el IRPF sus ingresos por asesorar a varias compañías (Santander, Telefónica, CaixaBank e Iberia). Rato usó varias empresas aparentemente instrumentales para ocultarlos al fisco. La Agencia Tributaria estima que habría defraudado 1,4 millones de euros en el impuesto de la renta entre 2012 y 2013, y casi otro millón en el relativo a sociedades.

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