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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Marcha atrás para recuperar en ciertos colectivos la jubilación a los 61 años

Marcha atrás para recuperar en ciertos colectivos la jubilación a los 61 años

La Seguridad Social se reúne con CCOO y UGT para buscar una salida a los despidos individuales con convenio especial a los que se niega la pensión

AMPARO ESTRADA

Miércoles, 3 de septiembre 2014, 00:38

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La Seguridad Social se plantea dar marcha atrás en la restricción que desde el mes de junio está imponiendo a la jubilación anticipada a los 61 años de trabajadores con convenio especial. Para ello se reunirá hoy con los sindicatos con el fin de buscar «una solución adecuada y con el mayor nivel de acuerdo posible con los agentes sociales» para que «no se produzcan efectos indeseados y se respeten las decisiones que tomaron los afectados», según anunció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en la rueda de prensa sobre paro registrado.

El problema surge a raíz de dos circulares de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de junio y agosto que establecieron una nueva interpretación, más restrictiva, de las condiciones para jubilarse anticipadamente a los 61 años de quienes tienen un convenio especial tras una rescisión de su contrato de forma individual. Esas limitaciones podrían afectar a un colectivo de entre 20.000 y 35.000 trabajadores de aquí al 1 de enero del 2019, que contaban con poder jubilarse a los 61 años y que verían retrasado su retiro hasta los 63.

La reforma de las pensiones del 2011 endureció las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, pero una 'cláusula de salvaguarda' reconocía el derecho a la jubilación por la normativa antigua a los trabajadores expulsados del mercado laboral con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. Posteriormente, la reforma del Partido Popular en el 2013 retrasó de los 61 a los 63 años la edad para la jubilación anticipada voluntaria, aumentó de 30 a 35 los años de cotización exigidos y subió los coeficientes reductores de la pensión que penalizan la jubilación anticipada. Aun así, se mantenía el derecho a jubilarse a partir de los 61 años con 30 años de cotización y coeficientes reductores menos penalizadores a los trabajadores que antes de abril del 2013 hubieran sido despedidos en un ERE, por cierres concursales o despidos individuales que tuvieran un acuerdo con la empresa y que suscribieran un convenio especial para seguir cotizando a la Seguridad Social siempre que no volvieran a estar dados de alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, el 13 de junio, la Dirección General de Ordenación advirtió a las oficinas de la Seguridad Social de que se estaba haciendo una interpretación errónea de la ley y dejó fuera de la posibilidad de jubilación anticipada a los 61 años a los despedidos individualmente, es decir, a los que no provinieran de un ERE. Tendrían que esperar al menos dos años más para poder jubilarse. En agosto también restringió el acceso a los parados con subsidios mayores de 55 años con convenio especial para mejorar su pensión por entender que estaban dados de alta a la Seguridad Social.

Los sindicatos exigieron al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que rectificara esta interpretación y es lo que se debatirá en la reunión de este miércoles. Por lo pronto, cuentan con la declaración de intenciones del secretario de Estado para que «no queden afectadas personas para las que esa ley no estaba pensada». Según los primeros cálculos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se verían afectados por la nueva interpretación impuesta este verano alrededor de 7.000 trabajadores al año, teniendo en cuenta que en estos momentos tienen suscrito un convenio especial más de 132.000 personas y que la cláusula de salvaguarda se estableció sólo hasta el 1 de enero del 2019, cuando la reforma de las pensiones tendrá ya plena implantación.

En la reunión, los representantes sindicales del área de pensiones y protección social de CCOO y UGT -Carlos Bravo y Carmen López, respectivamente- insistirán en la necesidad de que la Seguridad Social corrija de oficio y con efectos retroactivos todos los expedientes de trabajadores que en los últimos meses se hayan podido ver afectados por el cambio de criterio. Mientras no se rectifique, los sindicatos están recurriendo ante los tribunales todas las denegaciones de jubilación anticipada por los nuevos criterios.

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