La justicia sólo da la razón a las entidades en el 5% de las demandas por preferentes

Apenas se han resuelto, sin embargo, el 3% de esas demandas (6.952). En casi dos de cada tres casos (62%) han terminado con una respuesta satisfactoria para los clientes, mientras que en un tercio (33%) todavía no hay sentencia firme, pendientes de resolverse los recursos presentados. Hablamos, no obstante, de un porcentaje de reclamaciones judiciales que serían minoritarias respecto al total de afectados, más de un millón en España.

De hecho, la propia responsable del regulador del mercado incidió en su intervención ante el Congreso de los Diputados -donde presentó la Memoria Anual de la CNMV- en que en el 80% de los casos, los preferentistas optaron por la vía del arbitraje, si bien el importe de sus reclamaciones (6.763 millones) representaba el 69% del volumen total de las emisiones realizadas.

Hasta abril habían sido aceptadas 534.150 peticiones de arbitraje, de las que casi la mitad (244.724, el 57% del total) habían recibido un laudo favorable a sus intereses. La mayoría de los preferentistas que se decantaron por el arbitraje eran clientes de Bankia (229.931), seguidos de los afectados de Catalunya Caixa (68.853) y de Novagalicia Banco (58.017).

Quejas mayoritarias

No resulta extraño, por tanto, que tres de cada cuatro reclamaciones (75,5%) presentadas ante la CNMV en 2013 tuvieran como objeto la mala información recibida de las entidades antes de la contratación de preferentes y deuda subordinada. El número total de quejas (7.308), no obstante, descendió un 33% respecto al 2012, si bien aún sigue en niveles «históricamente altos».

Ese descenso, unido a la «consideración prioritaria» que la Comisión dio a la resolución de reclamaciones, propició que los casos aún sin resolver descendieran hasta casi la mitad (3.615). Asimismo, impuso un 24,6% más de multas que el ejercicio anterior hasta un total de 71, aunque su importe fue esta vez sensiblemente inferior: sólo 4,15 millones de euros, un 83% menos.

Rodríguez insistió en que la CNMV se ha puesto como prioridad luchar contra los abusos que perjudican a los inversores, con especial atención al seguimiento de comunicaciones telefónicas sospechosas. El problema es que hasta el 2017 no podrá prohibir o restringir la venta de productos financieros si considera que no son adecuados para clientes minoristas, pues será entonces cuando entré en vigor la nueva directiva europea Mifid II sobre mercados.

De otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ tiene previsto aprobar hoy su informe sobre el anteproyecto de Ley de Sociedades de Capital. En él advierte al Gobierno de que, si no «clarifica» la regulación de las posibles impugnaciones e infracciones, las empresas «están condenadas a soportar una inseguridad jurídica mayúscula».

Y es que -apunta- las compañías pueden encontrarse años después con sentencias que anulen acuerdos de sus juntas, lo que generaría «un caos organizativo interno». Además, censura que se haya «estrechado excesivamente» las posibilidades de impugnar, dado que habría que tener, al menos, el 1% del capital social.