El tribunal pide que actúe la Policía ante la «actitud desafiante» de Juana Rivas

Rechaza suspender la sentencia y pide la «inmediata» entrega al padre de los dos niños que «retiene no se sabe en qué condiciones»

ALFONSO TORICES MADRID.

La Audiencia Provincial de Granada considera que la única solución al 'caso Juana Rivas' es reclamar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que localicen lo antes posible el lugar en el que esta mujer se esconde desde hace 16 días junto a sus hijos, de 3 y 11 años, y que se haga así cumplir la sentencia que le obliga a devolver los niños a su padre, Francesco Arcuri, de cuyo domicilio familiar en Italia se los llevó ilegalmente hace más de un año.

Los magistrados, en el auto en el que rechazan «con rotundidad» la petición de Rivas de que se paralice la ejecución de la sentencia, aconsejan a la titular del Juzgado de Familia número 3 de Granada, la responsable directa de la ejecución del fallo, que pida el auxilio policial. No ven, añaden, más salida ante «la conocida actitud desafiante» de Rivas «a los requerimientos judiciales», que el pasado 26 de julio ignoró el ultimátum de la magistrada para que devolviese los niños a Arcuri y que «retiene, no se sabe en qué condiciones, a sus hijos, evitando la entrega de los mismos».

La reclamación del tribunal se une así a la orden de detención contra Rivas que ya dictó el martes pasado el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que, en paralelo al proceso civil para la restitución de los niños al padre, tiene abiertas diligencias penales contra la vecina de Maracena por la posible comisión de los delitos de sustracción de menores y de desobediencia a las resoluciones judiciales.

La audiencia provincial ordena que se devuelvan «sin demora» los autos del caso al juzgado de familia para que pueda tomar las medidas necesarias para garantizar de «inmediato» la ejecución de la sentencia. El fallo, insisten, obliga a que los niños retornen al domicilio familiar en Italia, en la isla de Carlofonte, donde ya será un juez de ese país quien deberá decidir sobre la situación en que quedan los padres y la custodia de los pequeños.

Los magistrados firman un duro escrito de 15 folios en el que censuran a Rivas por las «maniobras procesales» sin fundamento que consideran que ha desplegado desde hace meses con el único objetivo de obstruir la ejecución del fallo. Recuerdan que la restitución de los menores sustraídos por un progenitor en otro país es un proceso internacional y tasado, que no debe durar más de seis semanas, y que, debido a sus manejos legales, este ya dura nueve meses, pese a que hace casi cuatro que declararon firme la sentencia. «Ha marcado -señalan- a su antojo o interés los tiempos con actuaciones que carecían de todo éxito procesal, pero que le han permitido ganar tiempo hasta la exasperación».

Proceso sin vulneraciones

El auto rechaza el incidente excepcional de nulidad planteado por Rivas porque, de acuerdo con el fiscal, niega que en el procedimiento se hayan vulnerado derechos fundamentales ni garantías procesales e incluso describe alguna de sus peticiones como «insólita». En su caso, niegan que se haya producido algún tipo de indefensión y, más bien al contrario, creen que ha habido abusos de derecho. Tampoco ven lesionados los derechos de los menores. Explican que el único motivo que puede parar este proceso es que se observe que la restitución al padre supone un riesgo para los niños, extremo que dicen «se descartó» con los informes psicológicos que manejó la juez y el tribunal. En ese punto no ha afectado la condena en 2009 a Arcuri por maltrato a su pareja, ni la actual denuncia de Rivas de agresiones y vejaciones continuadas desde 2013.

La resolución de la audiencia provincial cierra definitivamente a Rivas la vía judicial ordinaria, pero, al tiempo, le permite poner en práctica su última esperanza: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Buscará que la corte reconozca su derecho a retener a sus hijos para huir de un padre «maltratador» o, al menos, que decrete que en el proceso se han vulnerado derechos de los menores, para reabrir la causa civil y tratar de aportar pruebas favorables a sus tesis, como otros informes psicológicos que indiquen que la vuelta con Arcuri es perjudicial para los menores. Como medida cautelarísima, pide la paralización de la sentencia, para evitar la entrega y poder salir de su escondite.

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