Las ONG reclaman al Gobierno juzgados específicos para menores

Un menor, víctima de la violencia ejercida por otros menores. :: helder almeida / fotolia/
Un menor, víctima de la violencia ejercida por otros menores. :: helder almeida / fotolia

Urgen al Ejecutivo a acelerar la creación de una ley contra la violencia sobre niños, víctimas en la mitad de los delitos contra la libertad sexual

D. ROLDÁN / Á. SOTO MADRID.

Diputados y senadores de todos los colores políticos escenificaron la semana pasada un acuerdo, además de esperado, insólito. Por primera vez, una ponencia ponía las bases de una futura ley para tratar de erradicar la influencia del alcohol en los más jóvenes, en un momento en que el inicio de la edad de consumo no alcanza los 14 años. Una propuesta que solo tuvo la abstención del PNV y ERC (por cuestiones competenciales) y que encontrará el apoyo de los plenos de las dos cámaras. Es la segunda gran iniciativa social de esta legislatura después del pacto de Estado contra la violencia de género.

Pero las organizaciones que se dedican a mejorar la vida de los más vulnerables -englobadas en la Plataforma de Infancia- reclaman más: una ley de erradicación de la violencia contra los menores. Una petición que encontró el respaldo de los partidos en septiembre pasado, cuando apoyaron una proposición no de ley para que en un año haya una legislación sobre la materia. El Gobierno tomó nota, pero solo se compromete a tenerla completa «para esta legislatura», señaló la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Una falta de concreción que preocupa a las ONG. Recuerdan que se celebran elecciones municipales, autonómicas y europeas el año próximo y generales en junio de 2020, y que estas citas electorales pueden paralizar la capacidad legislativa y dejar en el cajón el proyecto de ley para proteger todavía más a los menores.

«Si la ley sale adelante sería el marco legislativo más importante de la Unión Europea. Sería un salto cualitativo», expone el director general de Save the Children España, Andrés Conde. En el nuevo proyecto, coordinado por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, están colaborando también los departamentos de Interior, Justicia y Educación. El ministro Rafael Catalá anunció en la convención nacional del PP que se iban a endurecer las condenas por los delitos cometidos por menores o que fueran juzgados junto a sus cómplices adultos, aunque para las ONG lo fundamental es trabajar en la prevención y la educación.

Entre las peticiones que han hecho llegar al Gobierno, se encuentran la creación de juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, una especial atención a los colectivos más vulnerables, o la introducción de una asignatura de educación afectivo-sexual obligatoria desde los primeros cursos escolares. Y en el ámbito judicial, que los delitos comiencen a prescribir cuando el menor víctima haya cumplido los 30 años o una inhabilitación especial para los condenados por estos delitos. Unas propuestas que, según fuentes gubernamentales, han sido bien acogidas por el Ejecutivo.

En estas consultas, la Plataforma de Infancia ha reclamado celeridad porque los datos son preocupantes. Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, en España se produjeron 37.495 delitos contra los menores en 2016 (últimos datos oficiales). Representan el 3,43% del total y una cifra bastante similar a la de los anteriores ejercicios: 35.913 (2015), 36.821 (2014) y 38.485 (2013).

Una situación que se convierte en «insostenible» cuando se analizan los delitos de libertad sexual. Más de la mitad de estos ataques se producen en menores de 17 años, 4.393 casos de los 8.763 registrados en el informe de Interior. Además, es un tipo de delito que va en aumento. En la franja de edad entre los cero y los trece años, 2.213 menores fueron víctimas. Supone un 7,1% más con respecto al ejercicio anterior (2.066 en 2015). El incremento entre los jóvenes de 14 a 17 es enorme. El año pasado se denunciaron 2.180 delitos frente a los 1.853 de 2015, un 17,6% más. «Y eso es la punta del iceberg porque son las personas que denuncian», apunta Conde.

No solo los colectivos que trabajan con los más desfavorecidos han pedido cambios. También lo ha hecho Naciones Unidas en los últimos meses en dos ocasiones. La ONU llama la atención a España por lo poco que invierte en infancia. «El Comité (de Naciones Unidas para la Infancia) está seriamente preocupado porque los indicadores de exclusión social, pobreza y desigualdad se han incrementado mientras la inversión en medidas de protección social de la infancia continúan muy por debajo de la media europea», señaló en su informe de febrero después de analizar las políticas del Gobierno en esta materia.

Ahora las organizaciones esperan que en el periodo de negociaciones de las enmiendas parciales de los Presupuestos se incluya alguna partida para luchar contra la pobreza infantil, que afecta a 1,4 millones de niños. «PP y Ciudadanos acordaron una partida de 1.500 millones para luchar contra la pobreza. No hubo nada el año pasado», recuerda Conde. «Se han olvidado de los niños», recalca.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos