«Quiere destrozarme la vida»

Juana Rivas no va a entregar a sus hijos pese a que la juez ha ordenado que hoy sean devueltos a su padre, condenado por maltrato en el 2009 La madre de Granada advierte de que defenderá a sus hijos «hasta el final»

ANA ÁVILA MARACENA (GRANADA).

Juana Rivas, la madre de la localidad granadina de Maracena a la que una juez ha decretado la devolución de sus dos hijos a su padre, aseguró ayer que su intención es desobedecer el auto y negarse a entregar a los pequeños. «Yo a mis hijos no los entrego, voy a defenderlos hasta el final, hasta mi último aliento», señaló Rivas, en una multitudinaria rueda de prensa a la que acudió acompañada de Francisca Granados, responsable del área de Igualdad del Centro de la Mujer del municipio. Rivas remarcó que «es peligroso» entregar a sus hijos al padre, que fue condenado por maltrato en el ámbito familiar en 2009 y contra quien tiene intención de presentar una denuncia por violencia de género por unos hechos acaecidos en Italia en julio del año pasado. La mujer granadina fue sometida supuestamente a una situación de violencia psicológica y física en Carlofonte, localidad de la pequeña isla de San Pietro, al sur de Cerdeña.

«Mis hijos no quieren irse. El mayor quiere ser escuchado. Anoche no podía dormir. Ellos han visto cómo me hacía barbaridades», relató la madre de los menores. «Quiere destrozarme la vida y tenerme atada a él», confesó entre llantos. Minutos más tarde, rodeada de periodistas, subrayó que mantiene la fe en que el asunto se resuelva a su favor. «Si la Policía quiere venir a darme descargas eléctricas o con la porra no me va a dar miedo, yo voy a estar ahí», avanzó.

Granados se refirió al proceso judicial que ha desembocado en la orden de entrega de los niños y lo calificó como una «injusticia tremenda». Además, criticó a la juez, de quien dijo que no tiene «la más mínima consideración», y anunció que va a exigir responsabilidades «dónde corresponda». Tras una condena en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, Rivas volvió a denunciar a su pareja por malos tratos en julio de 2016.

Esta última denuncia por violencia de género presentada en España hace ahora más de un año contra su expareja, informó Granados, sigue «a la espera de ser traducida» para ser enviada a Italia. La responsable del centro de la mujer lamentó también que, en las decisiones judiciales acordadas, no haya sido tenido en cuenta la legislación más reciente que considera a los menores como posibles víctimas de violencia de género, de ahí que haya criticado el «despropósito absoluto» de este caso.

Más recientemente, la Audiencia Provincial de Granada desestimó el recurso de apelación presentado por Rivas contra la decisión del juzgado que le ordenó la restitución de sus dos hijos a Italia, motivo por el que presentó otro recurso por infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a su vez lo rechazó por lo que ha llevado su caso al Supremo.

Después de la rueda de prensa, los vecinos de Maracena quisieron mostrar su apoyo a Juana y sus hijos en una concentración contra la violencia de género en las inmediaciones del Centro de la Mujer del municipio granadino.

Secuestro, no maltrato

El abogado Adolfo Alonso, que representa al exmarido de Rivas, lamentó ayer la «instrumentalización» de este procedimiento al afirmar que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia de género. El letrado subrayó en declaraciones a Europa Press que el asunto «no admite versiones», después de que haya sido juzgado con «todas las garantías para la madre», y lamentó la «campaña de desprestigio y agitación social» que se ha promovido contra su cliente.

Asimismo, quiso aclarar que la madre «no va a perder a sus hijos» ni se le va a impedir el contacto con ellos, pero matizó que el asunto debió dirimirse desde un principio «donde corresponde», en la justicia italiana, dado que es en este país donde los niños tienen fijada su «residencia habitual». En Italia, «la madre podrá solicitar la custodia y los tribunales defenderán los intereses de los menores, como en cualquier tribunal de la UE», agregó el letrado, que descarta que los niños vayan a sufrir «un daño por volver a Italia» o queden «desprotegidos», tal y como ya argumentó la justicia española.

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