El PSOE quiere que el pacto contra la violencia machista erradique la prostitución

Una mujer ejerce la prostitución en el polígono Marconi de Madrid. :: a. ferreras/
Una mujer ejerce la prostitución en el polígono Marconi de Madrid. :: a. ferreras

El Congreso decidirá hoy si suma propuestas particulares de los partidos a los 212 puntos del acuerdo general

ALFONSO TORICES

Madrid. El PSOE tratará hoy de convencer al resto de partidos de que el pacto de Estado contra la violencia de género incluya medidas muy concretas, a través del Código Penal, para intentar erradicar la prostitución en España.

La Comisión de Igualdad del Congreso aprobará hoy, oficialmente, el documento de 212 medidas y compromisos consensuado por todos los partidos el lunes pasado, que deberá constituir el núcleo del futuro pacto de Estado. Pero también decidirá si incluye o no en el dictamen que remitirá al Gobierno alguno de los 56 votos particulares -nuevas propuestas complementarias- que han presentado el PSOE (20), Unidos Podemos (34), y Ciudadanos y Compromís (uno cada uno). Si alguna de estas medidas recibe el apoyo de la mayoría, será incluida en el documento final.

Los socialistas, entre sus reclamaciones, piden que el Código Penal vuelva a castigar a los dueños de prostíbulos, a los proxenetas que se lucran con estas mujeres (aunque lo hagan con su consentimiento) y que sancione a los clientes. Ahora, salvo en el caso de menores, solo delinquen los proxenetas que actúan mediante la coacción. Compromís también pide la prohibición de los anuncios de prostitución.

El PSOE hará especial hincapié en lograr un apoyo mayoritario para incluir en el pacto otra medida respaldada por buena parte de los expertos. Pedirá que se suprima de la ley de Enjuiciamiento Criminal la dispensa que permite a la víctima de violencia de género no declarar si no quiere contra su maltratador. Se trata de una disposición que cada año provoca la absolución de muchos agresores por existir otra prueba que el testimonio de la víctima.

Hay otro punto en el que se acercan PSOE y Podemos. El primero pide que el pacto incluya que las jóvenes de 16 y 17 años no tengan que contar con el permiso de sus padres para abortar si son víctimas de violencia de género o intrafamiliar. El segundo, directamente reclama que se suprima esa limitación aprobada en 2015 en solitario por el PP.

Inversión garantizada

Casi todos los partidos quieren incluir enmiendas para garantizar que los 1.000 millones de inversión en el pacto en cinco años se gastan de verdad. El PSOE pide que los presupuestos identifiquen cada partida concreta destinada a cada medida para poder controlarlas. Ciudadanos reclama que cada subvención a las administraciones o asociaciones se conceda solo tras un proyecto detallado de su fin y que incluya una evalución para saber si conviene renovar o no la financiación.

Podemos directamente dice que el compromiso es «un brindis al sol», imposible de controlar, por la falta de un calendario concreto para la aplicación de las medidas y la ausencia de asignaciones específicas para cada programa. Propone que el pacto diga que todo su contenido debe de estar en marcha en 12 meses desde la aprobación por el pleno del Congreso, en septiembre próximo. Las medidas sencillas tendrían que implantarse antes de final de año, el grueso en el primer trimeste de 2018 y solo las más gravosas en 2019.

El partido de Pablo Iglesias da a entender en sus enmiendas que el acuerdo final es tan de mínimos que no le ilusiona y que no lo considerará un pacto de Estado salvo que se acepte el voto particular en el que reclama que exista una ley integral contra todas las violencias machistas, que incluya también la económica, los ataques sexuales, el matrimonio forzado, la ablación o el acoso, y que no se centre solo, como ahora, en la violencia contra la pareja.

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